El Centre Oceanogràfic de Balears (COB) vive un momento de "colapso". El caos que se ha adueñado del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha alcanzado a su delegación en el archipiélago, que ha encallado con una deuda de 260.000 euros. Y las facturas siguen acumulándose.
El pasado 1 de julio los investigadores del COB a bordo del barco científico Ángeles Alvariño fueron advertidos de que tenían prohibido atracar en todos los puertos de Balears tenían prohibido atracar en todos los puertos de Balears porque habían contraído una deuda cercana a los 4.000 euros con los prácticos del puerto de Palma. El IEO, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, reaccionó y pagó lo adeudado al día siguiente, por lo que los científicos pudieron regresar. El problema es que aquel episodio no fue un incidente aislado, sino la punta del iceberg.
Patricia Reglero y Rosa Balbín posan ante el Centre Oceanogràfic en Palma. B.R.
"Unos compañeros tenían que comprar 50 euros de pilas para mantener unos equipos de fondeo. Para comprarlas tuvieron que presentar tres presupuestos y redactar cuatro o cinco informes. Estuvieron involucradas cinco personas durante dos semanas, incluidos dos directores de centros oceanográficos y el anterior director del IEO", cuenta Rosa Balbín, investigadora del COB, para ilustrar la maraña burocrática que asfixia a esta institución, hasta tal punto de que no le permite disponer de sus propios recursos económicos.
Pagos a cuenta de los científicos
"Según qué cosas las pagamos de nuestro bolsillo. Si quiero volver a echar al agua un equipo que nos está dando etapas, una serie histórica que no se puede parar, pues tienes que pagar tú las pilas", añade Balbín.
Hay contratos de investigadores en el aire, proyectos científicos que tienen que devolver ayudas públicas por no poder gastarlas a tiempo y montañas de papeleo hasta para comprar material de oficina. Y lo más grave es que el IEO, institución con más de cien años de historia, se desmorona pese a tener 80 millones de euros de remanente. "No podemos gastarlos porque nos exigen hasta tres presupuestos antes de aprobar cada dispendio. Es absurdo. Por ejemplo, hay analíticas que solo saben hacer en un departamento universitario de Viena, así que no tiene sentido pedir tres presupuestos para algo que solo pueden hacer ellos", explica Balbín.
El 'Ángeles Alvariño', usado para la campaña del atún. D.O.
"Llevamos varios años devolviendo el dinero de proyectos nacionales y europeos. Yo he tenido que devolver 60.000 euros de un proyecto de 240.000 euros por incapacidad absoluta para gastar el dinero a tiempo", lamenta esta investigadora. "Ahora mismo estamos en una situación de colapso absoluto", sentencia.
Patricia Reglero era la responsable de la campaña científica que el Ángeles Alvariño llevaba a cabo en aguas del mar Balear. "No podemos gastar el dinero que tenemos y eso nos impide contratar investigadores. Y comprar un ordenador, una silla. Se estropea algo y no se reemplaza. Hasta comprar papel higiénico es un problema", relata.
Tres presupuestos
Esta investigadora describe el pedregoso camino que hay que recorrer para poner en marcha una expedición científica. "Madrid te aprueba el gasto tres días antes de que empiece la campaña, pero tienes que conseguir tres presupuestos para justificar ese dispendio. Claro, no da tiempo, así que te vas a la campaña oceanográfica con material prestado de tus compañeros. Al final esto funciona a base de favores", lamenta Reglero.
"Resolver la logística y la burocracia de una campaña es heroico. Los protocolos que nos han impuesto lo hace imposible y al final te das cuenta de que lo que haces es papeleo", afirma Balbín.
La deuda del COB se disparó hasta los 160.000 euros el año pasado. Y este 2020 ya ronda los cien mil. Hay impagos con pequeños y grandes proveedores -"algunos ya no nos quieren servir, como es normal"- y también con el propietario de un almacén del polígono de Can Valero en el que guardan todo su material. Pese a que adeudan entre 12.000 y 15.000 euros, dicen con alivio que han renovado el contrato.
"Tenía pesadillas porque no sabía dónde íbamos a dejar todas nuestras cosas. Tenemos un contenedor de oceanografía física, todo el material de fondeo, tambores de redes... Son objetos muy voluminosos que no caben en cualquier sitio", destaca Balbín.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pasó por un apuro similar que se resolvió en 2013, cuando el Gobierno hizo una excepción a la norma y le permitió disponer de su remanente. "Tenemos 80 millones de euros de ingresos extrapresupuestarios reconocidos por el Ministerio. El caso del CSIC se resolvió rápidamente en un Consejo de Ministros. Solo necesitamos que nos autoricen a usar ese dinero que hemos acumulado durante los últimos dos años", reclama Balbín.
Esa tesorería es la tabla de salvación de las nueve delegaciones del IEO que están en una situación crítica. Es "urgente", dice Reglero, porque el COB se ve obligado a renunciar a becas. "El Govern, denuncia esta investigadora.
"Y ahora hay otra beca posdoctoral que han concedido a una estudiante nuestra. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder contratarla?", se pregunta Reglero.
Urgencia
El COB es un centro de referencia en materia de investigación marina que pasa por sus horas más bajas, arrastrado por una institución ahogada en la burocracia. Este verano no se prevén grandes traumas en lo relativo a las campañas ya programadas, pero los profesionales del centro contemplan el futuro con desánimo. En esta situación, confiesan Reglero y Balbín, el estado emocional de la plantilla de investigadores del COB "es pésimo". Y piden "actuar ya".
Facturas
Buena parte de la deuda que acumula el Centre Oceanogràfic de Balears (COB) es con proveedores pequeños y medianos a los que se les está provocando "un gran perjuicio", valora Patricia Reglero, investigadora de esta institución.
"Tengo una web de divulgación sobre el atún que se llama Planet Tuna. Si no pago a la ilustradora, no hay ilustraciones. Es malo para todos. Y hay muchos pequeños proveedores a los que no se les paga desde el año pasado pese a que ellos ya han emitido la factura y han pagado los impuestos", dice Reglero.
Tampoco las facturas de la campaña para estudiar las áreas de cría del atún concluida a principios de julio han sido abonadas: "Necesitamos de manera urgente un plan estratégico, saber qué pasará a uno o dos años vista".
