El juez Morell, instructor de las piezas que se han instruido a raíz de la trama policial, ha ordenado llevar a juicio al que fuera jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, que en su momento estuvo en prisión. Navarro se tendrá que defender de los delitos de omisión de perseguir delitos, amenazas condicionales, actividades prohibidas, cohecho y prevaricación. Esta decisión del juez también implica a otros acusados, como son los policías locales Antonio de Santos Pérez y Miguel Pallicer Moreno. Son los dos agentes que aparecen en una grabación colocando un paquete de droga en un bar de Calvià durante una inspección. Ambos están acusados de extorsión. También será juzgado el que fue jefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, que compaginaba este trabajo con una gestoría a nombre de su mujer, que realizaba nóminas para trabajadores de locales de ocio de Calvià, municipio en el que también estuvo destinado. Por último, el banquillo también lo ocuparán los empresarios Juan Ferriol Rosselló y Juan Miguel Luna Rojas, que contrataron esta gestoría para recibir un trato de favor de la Policía Local.

En la misma resolución el juez levanta la imputación de un centenar de investigados, tanto policías locales, como políticos o funcionarios, e incluso al propio Cursach. Se levanta esta medida porque están implicados en otras piezas separadas que derivan de la investigación del caso Cursach y no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos.

Las seis personas que serán juzgadas por esta causa tendrán que explicar ante el tribunal de la Audiencia un episodio ocurrido en el mes de agosto del año 2013. Los policías De Santos y Pallicer, con el conocimiento de su entonces jefe Navarro, realizaron una inspección en un local de Magaluf. Llevaban un perro para buscar droga. La Policía Local apagó la música. Se encendieron las luces del local, apartaron a los trabajadores de los clientes, y realizaron una amplia inspección con el perro especialista en detectar droga. El animal localizó un paquete de cocaína que, según se demuestra en unas imágenes grabadas en vídeo, se observa que previamente lo había escondido la Policía Local bajo un sofá. En la diligencia de esta inspección no se hace mención alguna a dicho paquete de droga.

El juez Morell interpretó que la escena del paquete era una demostración que la Policía Local pretendía mostrar a los empresarios sobre el poder que ejercían sobre estas empresas y la posibilidad de perjudicar estos negocios, en beneficios de otros locales del sector del ocio.

Los empresarios pidieron explicaciones al Ayuntamiento sobre esta actuación. Se celebró una reunión con la presencia de Navarro que justificó que se trataba de un entrenamiento para los perros. El jefe de la Policía Local de Calvià reconoció estar al corriente de este episodio y se negó a iniciar ningún tipo de investigación. Es más, amenazó a los empresarios con querellarse contra ellos si daban publicidad de lo ocurrido.

Navarro compaginaba su trabajo de policía con el de colaborador de la gestoría que dirigía su compañero Antonio Ledesma. Esta gestoría tenía clientes del negocio del ocio. Eran locales sobre los que la Policía Local tenía la capacidad de controlar su actividad. El juez interpreta que esta relación era una especie de extorsión, para que los empresarios que contrataban con la gestoría, después recibían un trato de favor.