El abogado de Puigdemont quiere llevar el caso de Paula Rotger a Estrasburgo

Tras agotar todas las vías jurídicas ordinarias, Jaume Alonso-Cuevillas, conocido por ser al abogado del expresident Puigdemont, pretende llevar el caso de Paula Rotger al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo). Un caso que ya se llevó ante el Tribunal Constitucional, que rechazó la demanda, pero el abogado interpreta que esta decisión "nos ha abierto las puertas a Europa".

El año pasado, Paula Rotger, una trabajadora de Son Sant Joan, denunció un delito de coacciones y contra la integridad moral después de que guardia civil le llamara la atención por dirigirse a él en catalán. "Aquí es evidente que hay una vulneración de derechos lingüísticos protegidos por todos los tratados internacionales", apuntó el abogado catalán.

Sin embargo, el juez no consideró que los hechos fuesen constitutivos de delito, por lo que Cuevillas decidió "hacer todo el camino para llegar a Europa", ya que según explicó, "no tiene ninguna confianza de que dentro del sistema jurídico español podamos tener ninguna solución". Para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se debe esperar seis meses desde la resolución del Constitucional. Asimismo, a pesar de que sí existe jurisprudencia de este tribunal europeo en materia de no discrimnación, ninguna se refiere al tema lingüístico. "Tenemos la esperanza de que el Tribunal de Estrasburgo nos dé la razón, pero si no seguiremos", señaló Cuevillas.

Setmana pels Drets Lingüístics

En el marco de la 'Setmana pels Drets Lingüístics' convocada por la Obra Cultural Balear (OCB), la institución tiene el objetivo de recoger fondos para dar apoyo a la internacionalización del caso de Paula Rotger. Esta iniciativa de la OCB también busca reivindicar el derecho de todos los ciudadanos de Balears a conocer y usar el catalán, denunciar las vulneraciones de los derechos de las personas que quieren usar esta lengua y mostrar el rechazo ciudadano a la sentencia del Tribunal Supremo español que obliga a las administraciones con lengua catalana a relacionarse entre sí en castellano.