Apenas unas horas después de que el Govern hiciese público el cierre de tres calles de Platja de Palma y PalmaMagaluf, la medida se aplicó ipso facto para sorpresa de los empresarios afectados. En el trasfondo de esta decisión, figura el temor que expresaron las diferentes administraciones a que, si se dejaban pasar 24 horas para hacerla efectiva, hubiese alguien que aprovechase para organizar una última gran fiesta antes del cierre definitivo.
En definitiva, según fuentes consultadas en las administraciones, lo que se pretendía con el cierre inmediato de los locales era evitar una gran aglomeración de gente con el gancho de que no se volvería a abrir en dos meses.
Precisamente, a la necesidad de preservar la salud pública apeló ayer el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, quien manifestó que el Govern ha adoptado una "decisión dura", pero necesaria para no echar a perder lo conseguido en materia sanitaria y de reactivación económica en este inicio del verano.
"La pandemia no ha acabado"
"La pandemia no ha acabado. Necesitamos seguir protegiendo la salud de nuestros vecinos y de los turistas", aseguró Rodríguez Badal, en declaraciones a los medios en la sede consistorial.
"Comprendemos el enfado de los propietarios, pero hay que pensar en el interés global", prosiguió el alcalde calvianer, quien sostuvo que, por su alta concentración de establecimientos de ocio, estas zonas donde se ha clausurado la actividad impiden que se pueda preservar la salud pública de residentes y turistas.
Rodríguez Badal enfatizó la importancia de mantener la imagen de las islas como un "destino seguro", que es el "único sello de calidad para garantizar una actividad económica" en estas circunstancias.
"O la sociedad es responsable o será difícil mantener la actividad económica que se está empezando a conseguir", agregó.
Lucha contra los excesos
El alcalde declaró que el equipo de gobierno que preside lleva cinco años trabajando para "erradicar los excesos" en el marco de la reconversión del destino hacia la calidad. "Hemos trabajado con medidas de seguridad y normativas que se ampliaron con el decreto de excesos para intentar controlar mejor unos excesos que, aunque el destino evoluciona hacia la calidad, todavía pervivían", argumentó.
En este sentido, apuntó que había muchos empresarios que "empezaban a entender el mensaje, pero otros no". "Insistían en esos excesos y estaban dañando la imagen de nuestro destino", sostuvo.
"No es cuestión de estigmatizar el ocio, sino el exceso. Hay un ocio que todos disfrutamos", arguyó Rodríguez Badal, quien recordó que, a principios de año, el Ayuntamiento ya remitió al Govern una treintena de denuncias por infracciones al decreto de excesos, relativas sobre todo a la publicidad de consumo alcohólico.
Sobre la posibilidad de que las concentraciones de jóvenes con ganas de fiestas se desplacen a otras zonas, declaró: "Parece lógico que ha de ser el Gobierno que, con la Guardia Civil y nuestra colaboración, asuma las competencias para velar por el correcto desarrollo de las zonas adyacentes, en un beach club, en un botellón de residentes... Las fuerzas de seguridad han de estar. Pero también hay que apostar por la responsabilidad empresarial y personal".
