Carlos Delgado, el exconseller de Turismo, defendió ayer ante el juez el proceso administrativo por el que su departamento sacó a concurso la concesión y explotación del club náutico de Calanova. Un proyecto otorgado a la empresa Port Olímpic, por un plazo de 29 años y con un canon económico a la administración autonómica de 748.000 euros. El expolítico negó que con esta concesión hubiera beneficiado a un abogado de su despacho, que además le representó en un asunto familiar personal. Este abogado formaba parte de esta sociedad, si bien hace años que se desvinculó.

Delgado, que declaró como investigado durante más de tres horas, señaló que el Govern del PP aprobó un plan económico, en plena crisis, para conseguir una mejor rentabilidad en las explotaciones públicas. Explicó que se le ordenó que estudiara las condiciones de todas las zonas portuarias que pertenecen a la comunidad. Trasladó la orden al secretario general de la Conselleria, que le explicó que el único puerto donde se podía aplicar este plan era el de Calanova, que era deficitario y cada año costaba al Govern más de 700.000 euros. Señaló también que su propuesta fue la de sacar la concesión a subasta, es decir, la explotación sería para la empresa que ofreciera más dinero a la administración. Sin embargo, por problemas administrativos, se apostó por el concurso público, con el requisito de que la oferta económica sería el concepto mejor valorado. Al concurso se presentaron varias ofertas. Explicó que, incluso, un familiar suyo presentó un proyecto, al igual que algunos amigos. Las ofertas fueron estudiadas por los técnicos de Ports de Balears que, según el exconseller, todos optaron por el proyecto de la sociedad Port Olímpic, tanto por el canon económico, como por el proyecto técnico.

Hubo un debate entre los integrantes de este comité técnico, ya que dos de ellos discutían la cuestión de los amarres. A pesar de ello, el Consejo de Administración de Ports aprobó la propuesta de la mesa de valoración.

Delgado ha sido denunciado por el empresario que explotaba el restaurante del recinto y que tuvo que abandonar el negocio. Explicó que cuando él llegó a la conselleria de Turismo este negocio se explotaba en precario, es decir, sin un contrato de alquiler en regla. Detalló que, para solucionar la situación, impuso que en el concurso se exigiera que el ganador mantendría al explotador del restaurante al menos durante cuatro años. Sin embargo, una vez transcurrido este tiempo, el restaurador no alcanzó un acuerdo con el concesionario y tuvo que marcharse. Denunció que este empresario amenazó a su socio de despacho con querellarse contra él si no conseguía que se le prolongara el contrato.