En los próximos 10 años Mallorca tendrá un tope máximo de 430.000 plazas turísticas para comercializar. El Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), aprobado de forma definitiva ayer por el Consell de Mallorca, fija este número máximo de plazas, de las cuales 115.000 son para el alquiler vacacional y el resto para hoteles. La aprobación de este documento protagonizó un intenso debate en el pleno de la institución insular celebrad0 ayer. Una sesión que se prolongó por espacio de ocho horas.

Los grupos de la oposición pidieron sin éxito la retirada del plan para "adecuarlo a la situación de crisis económica actual". El documento turístico fue validado por 17 votos a favor (el pacto de izquierdas) y 16 en contra de la oposición.

El PIAT es el instrumento que debe regular, de forma especial, el vacío que existía con el alquiler vacacional. Fija las plazas máximas y declara los municipios saturados donde el alquiler vacacional estará más restringido. También, una de las novedades, será la posibilidad de construir hoteles rurales en suelo rústico protegido, que hasta el momento prohibía. La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcias, explicó que se trata de casos muy puntuales, que se les dejará compaginar la actividad agrícola con la turística. La finalidad es que obtengan una rentabilidad para el mantenimiento patrimonial.

El instrumento territorial aprobado ayer de forma definitiva también reduce la bolsa de plazas turísticas destinadas a crecimiento. Hasta el momento había 43.000, mientras ahora queda fijada en 32.000 durante los próximos cuatro años. 22.000 plazas son para alquiler turístico y 10.000 para establecimientos hoteleros. Además, 3.000 hoteleras y 15.000 del alquiler vacacional ya están ocupadas. Ello supone, según Garcias, que el máximo que se podrá crecer en los próximos cuatro años es de unas 13.000 plazas.

El conseller de El Pi, Antoni Amengual, pidió la retirada del PIAT al asegurar "que está desfasado con la situación actual de crisis y habla de cuestiones de hace varios años". Llorenç Galmés (PP) dibujó una situación apocalíptica de los efectos del plan: "Obligará a cerrar muchas empresas pequeñas al limitar el alquiler turístico y se dejará a muchas personas sin empleo, pretenden hundir Mallorca", aseveró el portavoz popular. Beatriz Camiña (Cs) también apostó por la necesidad de adecuar el PIAT a la actual crisis. Guillem Balboa (Més) defendió la norma apuntando que "apuesta por el decrecimiento".

La consellera Garcias indicó que "el objetivo del PIAT es diseñar un modelo territorial de futuro para Mallorca, respetuoso y sostenible". "No tiene nada que ver con la crisis actual", apostilló.

Críticas del GOB

El grupo ecologista GOB calificó de "oportunidad perdida" el PIAT aprobado ayer por el Consell de Mallorca. La entidad ecologista considera que se debería haber aprovechado la ocasión para reducir el impacto turístico en la isla. "Consolida la colonización territorial de la actividad turística, inmersa ahora en una crisis global, sin atender a la capacidad de carga ni al peligro de la tercialización del suelo rústico".