Los organizadores de las fiestas ilegales que están proliferando este verano en Mallorca, aprovechando la orden de cierre de los grandes establecimientos de ocio nocturno, están agudizando el ingenio para dificultar su detección y evitar así que sean suspendidas, según se pone de relieve desde la patronal de ocio nocturno de las islas (Abone), aunque desde esta organización empresarial se lamenta también la pasividad de las Administraciones públicas en aquellos casos en que sí han podido ser localizadas y denunciadas por tratarse de comportamientos reiterados.
Una de las estrategias que se está utilizando, según destaca el presidente de Abone, Jesús Sánchez, es el de difundir la convocatoria de una de estas celebraciones a través de las redes sociales, pero comunicando la hora exacta de inicio y el lugar (en muchos casos se trata de chalés privados) con muy poca antelación para evitar así su detección y posible suspensión por parte de las autoridades.
Otro de los comportamientos detectados, muy habitual en el caso de los 'party boats', es contratar a alguna empresa de transporte discrecional para que alguno de sus autocares recoja a los clientes en un punto de la isla (en el que ya se registra la concentración de personas sin mantener las distancias) para desde allí trasladarlos hasta el lugar donde se ha organizado el evento. En este punto, el presidente de Abone subraya que el transportista no tiene ninguna responsabilidad, dado que desconoce que se le ha contratado para llevar a gente hasta una fiesta ilegal.
Pero hay otro aspecto que en opinión de Jesús Sánchez resulta todavía más lamentable, y es que en aquellos lugares en los que estos comportamientos se han vuelto reiterados, como algunos locales de restauración sin licencia para organizar bailes, o en propiedades particulares donde se ha detectado la convocatoria de una fiesta con antelación, cuando desde Abone se ha presentado la correspondiente denuncia ante alguna Administración, en la mayoría de los casos no ha servido para nada.
El presidente de esta patronal hace especial hincapié en este punto al recordar que no se está permitiendo abrir a establecimientos legales con las medidas de seguridad sanitaria previstas, y en cambio están proliferando las celebraciones en las que se produce una masificación de participantes sin respetar las distancias sociales exigidas.
Denuncias ante el 112
Desde el Govern balear se niega esta pasividad, y se destaca que aunque no cuenta con cuerpos de seguridad propios, sí está desarrollando un trabajo de coordinación con la Delegación del Gobierno y con los ayuntamientos de las islas para impulsar la actuación de la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Policías Locales en el caso de denuncia de algunas de las citadas celebraciones ilegales.
En este sentido, desde la conselleria de Administraciones Públicas se ponen en valor las llamadas que el 112 está recibiendo por parte de ciudadanos que informan sobre algunas de estas fiestas no autorizadas y como con esa información se impulsa la movilización de los citados cuerpos de seguridad.
