Las líneas de crédito a empresarios y autónomos que ha sacado el Govern a través del organismo público Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus, son tramitadas por los bancos. Ante las quejas de algunos empresarios y autónomos, ayer el Parlament de Balears aprobó una proposición no de ley (PNL) que ordena al Govern a vigilar que las entidades financieras no utilicen prácticas abusivas en la concesión de estos créditos para reactivar la economía.
La iniciativa, presentada por el diputado de El Pi Josep Melià, también insta al Govern a que si se detectan abusos se emprendan acciones legales, administrativas y se abran expedientes sancionadores por parte de la Dirección General de Consumo.
Esta proposición de El Pi viene a consecuencia de las quejas de que algunas entidades financieras obligan a la contratación de otros productos bancarios para poder ofrecer y tramitar los llamados créditos blandos para paliar los efectos de la crisis, así como que cargan diferentes tipos de gastos por las gestiones. Según explica la PNL aprobada, se ha detectado "la exigencia de garantías personales, intereses abusivos o la obligación de refinanciación de créditos". También los empresarios han denunciado una "excesiva tardanza" en el ingreso del dinero concedido.
El tercer punto de la proposición no de ley, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios con algunas enmiendas en la redacción, también insta al Banco de España a realizar controles e inspecciones a los bancos para verificar que se aplican buenas prácticas y se evitan abusos a los consumidores.
De igual modo, piden que la vigilancia se extienda también a las líneas de préstamo estatales que otorga el Gobierno a través del organismo estatal Instituto de Crédito Oficial (ICO). La propuesta ha sido remitida a la Dirección General de Consumo para que inicie la vigilancia.
