El juez ha impuesto a Bartolomé Cursach la prohibición de salir de España y una fianza de 150.000 euros como medidas cautelares antes de la celebración del macrojuicio contra el empresario y otros 24 acusados por la trama corrupta. El magistrado ha accedido a la petición de la Fiscalía, que reclamó estas medidas al advertir que Cursach no tenía ninguna restricción pese a las graves acusaciones y la petición de ocho años y medio de cárcel que pesan sobre él. El juez, que ya fijó una fianza civil de seis millones de euros para el magnate y el resto de procesados, ha rechazado aplicar medidas provisionales contra el colaborador del empresario Tolo Sbert.

Según explicaron fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, comunicó este miércoles esta decisión tras una vista celebrada el martes a petición del ministerio público. La fiscalía reaccionó tras decaer las medidas cautelares contra Cursach al ser apartado de la causa matriz, la que investigaba el supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Local de Palma y que desencadenó después diversas investigaciones. Sobre el empresario solo pesaban medidas en este procedimiento, por lo que actualmente tenía libertad absoluta de movimientos.

El ministerio público solicitó al magistrado la celebración de una vista, que tuvo lugar anteayer y en la que reclamó una fianza de 150.000 euros y la prohibición de salir del territorio nacional a fin de minimizar el riesgo de que Cursach eluda la acción de la Justicia. Morell ha accedido a esta petición con vistas al macrojuicio contra el magnate, varios colaboradores suyos, policías locales y funcionarios.

En este procedimiento se sentarán en el banquillo con Cursach su hombre de confianza en los negocios, Bartolomé Sbert; Jaime Lladó, director de la discoteca Tito's; Arturo Segade, exjefe de sala de la discoteca; Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo; Bernardino Seguí, exarquitecto de la conselleria; Julián Garau, celador jubilado de Cort; y los policías locales Antonio Bergas (ya jubilado), Juan Miguel Mut, Bartolomé Capó, Gabriel Torres, Feliciano Franco, Gabriel Mayol, Josep Mayans, Miguel Estarellas, Rafael Amengual, Carlos Vallecillo, Carlos Tomas, Nicanor Góngora, Felipe Florit, Rafael Estarellas, Tomás Mas: y el funcionario de Calvià, Jaime Nadal.

La fiscalía reclama para el empresario ocho años y medio de prisión por pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. A estos delitos se suman otras acusaciones contra los otros imputados. Según la acusación, el Grupo Cursach tenía a sueldo a policías locales de Palma, que se encargaban de proteger sus negocios y actuar contra los de la competencia, con constantes e injustificadas inspecciones. El magnate también controlaba supuestamente otros departamentos de la administración, que influían en el desarrollo de los negocios del Grupo Cursach, como la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Calvià y la conselleria de Turismo. Las acusaciones mantienen que los directivos del grupo nocturno sobornaban a los funcionarios bajo amenazas de denuncias o querellas.

Otro de los delitos que describen las acusaciones se focalizaría en la discoteca Tito's, en concreto en la sala Vip. Allí se habrían organizado fiestas privadas para los policías locales que se encargaban del control de los negocios, que se veían recompensados con relaciones sexuales con prostitutas y con el consumo de drogas y alcohol.