Una treintena de funcionarios que se encargan de tramitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) están siendo realojados desde esta semana en el Palacio de Congresos. Tal y como publicó este periódico el pasado domingo, los motivos para desalojar a los empleados públicos es que se tiene que celebrar una boda en la amplia y soleada sala y Meliá ha pedido al Govern que los recoloque en otra estancia.
Los funcionarios no están muy contentos con el cambio, ya que los pasarán a unas instalaciones menos cómodas. Sin embargo, desde la conselleria de Modelo Económico y Turismo, negaron ayer que se mande a los funcionarios a un zulo. Se trata de una sala que está en la misma planta que la anterior, explicaron.
Lo cierto es que hay una boda contratada y varias más en negociación y los responsables de Meliá, que explotan el hotel y el Palacio de Congresos, han pedido al Govern. Fueron colocados allí en plena curva ascendente del coronavirus para mantener las medidas de seguridad ante la necesidad de tramitar a destajo los ERTE. La sala donde los mandan es más estrecha que la anterior.
Reducción de la cuota
También se había apuntado a que el Govern abonaba un elevado coste de alquiler por la utilización de esta sala del Palacio de Congresos para albergar a los funcionarios. No obstante, desde el departamento de Iago Negueruela lo negaron. Indicaron que es un convenio de uso gratuito. El Ejecutivo tan solo ha comprado el material de oficina, muebles y ordenadores.
Por otra parte y según ha podido saber este periódico, la cadena hotelera Meliá está negociando con el Govern y el ayuntamiento de Palma una rebaja en el alquiler anual de la explotación, fijado en unos 2,1 millones anuales más un 5% de los beneficios.
La situación creada con el coronavirus está provocando la cancelación de muchos congresos y convenciones previstos en Mallorca. Ello ha llevado a la dirección de la cadena Meliá a pedir al Govern que se le rebaje el alquiler de la concesión ante la imposibilidad de cubrir gastos. Según fuentes cercanas a la negociación, desde las instituciones estarían dispuestos a aceptar reducciones de la cuota fija.
Asuntos Sociales
La conselleria de Asuntos Sociales ha contratado a 26 auxiliares administrativos para ayudar a tramitar las solicitudes del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) que podrían beneficiarse de la prestación estatal, que se calcula que son 3.490 personas en las islas. Este lunes empieza el plazo para que, antes del 31 de agosto, todos los posibles beneficiarios del IMV en Balears presenten las solicitudes estatales y puedan cobrar la nueva prestación.
Un equipo formado por 4 personas se dedicará a llamar a quienes ya perciben alguna de las prestaciones baleares, para citarlos en alguno de los ocho puntos de atención que se han habilitado en Balears.
En cuanto a los otros 22 auxiliares administrativos, ayudarán a los posibles perceptores a rellenar las solicitudes a la Seguridad Social. Los cálculos de la dirección general de Asuntos Sociales son que las 2.377 familias que recibieron la Resoga en mayo y los 1.113 perceptores de la RMI, tienen que hacer la solicitud de la IMV. En total se calcula que se presentarán 3.490 peticiones.
