La Autoridad Portuaria dejará de facturar entre 12 y 13 millones de euros durante este año debido a la prohibición de los cruceros por la pandemia de la Covid-19. Por el mismo motivo, registrará de dos a tres millones menos de gastos, tal como informó ayer el organismo estatal en Balears, de ahí que perderá alrededor de diez millones de euros a causa del veto al turismo crucerístico hasta que finalice la crisis sanitaria.
La prórroga recién aprobada por el Gobierno deja en el aire las 241 reservas que ayer aparecían en la página web de la APB para atracar en los puertos de Palma (191), Eivissa (48) y Maó (2) hasta finales de 2020. A principios de junio había más de 300 peticiones de escalas en las islas, sobre todo en la capital balear, aunque las empresas consignatarias han ido anulando más de medio centenar durante este mes a medida que las compañías navieras iban viendo que sus buques no se llenaban de pasajeros y que la incertidumbre continúa en el sector.
Desde la Autoridad Portuaria de Balears (APB) explicaron que "mantienen las reservas hasta el último momento, por si hubiese algún cambio" en las directrices marcadas por la dirección general de la Marina Mercante en base a lo acordado con el ministerio de Sanidad y el objetivo del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de interrumpir la propagación del coronavirus.
La prórroga de la prohibición de los buques de crucero en los puertos españoles, que comenzó con el estado de alarma, deja abierta la posibilidad de levantar la restricción si lo solicita Puertos del Estado con el visto bueno de Sanidad "para entradas concretas de buques o para un conjunto de ellas como parte de un itinerario por uno o varios puertos", según publicó el BOE el sábado. Como el estado de alarma finalizó el 21 de junio, se ha prolongado el veto con la citada excepción para que las navieras tengan la opción de reiniciar su actividad turística con rutas y escalas concretas, siempre que presenten un plan sanitario acorde a la situación y finalmente consiguan la autorización de la dirección general de la Marina Mercante y Sanidad.
No obstante, la prohibición es argumentada en la resolución del Gobierno basándose en que es "urgente y necesario el mantenimiento de ciertas medidas de contención y prevención, así como proveer de procedimientos estrictos de control durante todo el proceso, especialmente a bordo de los buques tipo crucero, que permitan el restablecimiento seguro de estos servicios de carácter eminentemente turístico".
Los millones que no facturará este año la Autoridad Portuaria proceden principalmente de las tasas del buque, del pasaje, de la ocupación del espacio público y del suministro de agua. En cuanto a los gastos, dejarán de sufragar servicios que los puertos prestan a las compañías navieras.
Reparación náutica
Las empresas de reparación náutica de las islas reclaman aplazar al próximo año la nueva tasa que la Autoridad Portuaria empezará a aplicar a partir de mañana. La asociación Apeam, la Caeb y la recién creada Adnea (Asociación para el desarrollo del sector náutico para empresas y autónomos) recuerdan al organismo estatal la crisis que estamos viviendo y que otros puertos del país han aprobado reducciones y aplazamientos de tasas e impuestos. En cambio, la APB cobrará a partir del día 1 un nuevo gravamen del 1% sobre la cifra de negocio a toda actividad industrial que se lleve a cabo en el espacio público portuario del archipiélago. Hasta ahora, era desembolsado por las empresas concesionarias de los varaderos situados en el dominio de la APB, es decir, STP y Astilleros de Mallorca.
Fuentes de la entidad estatal afirmaron que lo hacen "para adaptarse a la ley, se tendría que haber aplicado hace dos años y ya hubo una prórroga en diciembre". Añadieron que las patronales del sector, es decir, Apeam y la Caeb, "conocían esta tasa y no pusieron pegas, pero en su momento no informaron a sus asociados, por lo que se han llevado una sorpresa".
