El Parlament ha validado hoy el decreto ley aprobado por el Govern sobre prestaciones sociales. La finalidad de la norma es complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado por el Gobierno para las personas vulnerables y sin ingresos, con la Renta Social Garantizada (RESOGA) que otorga el Ejecutivo autonómicodesde hace cuatro años. De esta forma, la prestación del Govern permitirá llegar a casos que la estatal excluye, como es el caso de las personas que sí tuvieron ingresos en 2019, pero que su situación actual es de vulnerabilidad. El decreto ha sido validado por unanimidad, si bien la oposición ha intentado que se tramite vía proyecto de ley para poder presentar enmiendas. Los votos del pacto de izquierdas lo han impedido.

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago ha explicado que también se "amplía los perfiles actuales de los perceptores y las cuantías de la renta isleña para adaptarla a las características de la prestación estatal". "Hubiéramos podido no realizar este decreto y muchas personas se hubieran quedado sin el Impuesto Mínimo -vital".

El decreto ley garantiza el complemento de las pensiones no contributivas (PNC) y crea una comisión interdepartamental que analizará cada año si se deben complementar y cómo las rentas más bajas por vía presupuestaria.

El Govern da un plazo de hasta el 30 de agosto para que los actuales perceptores de la Renta Social soliciten el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social, lo que determinará si pasan a recibir la prestación estatal o mantienen la balear. En ningún caso se podrán recibir las dos prestaciones a la vez. La Renta Social Garantizada (RESOGA) es el nivel de renta mínimo que el Govern garantiza a los ciudadanos desde su aprobación el 2016.

Mediante este decreto, se equiparán los perfiles de los perceptores y las cuantías de la prestación autonómica a la estatal. A partir de ahora podrán ser titulares de la RESOGA todas aquellas personas mayores de entre 23 y 65 años que vivan en situación de vulnerabilidad que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital. Hasta ahora era a partir de los 45 años. Este es el caso de adultos que tuvieron ingresos en 2019 y ahora, por la crisis del coronavirus, se han quedado sin ningún tipo de ingreso. En este supuesto entra un número importante de trabajadores que se han quedado sin empleo y no tienen derecho al paro. Además, también incluye a las personas mayores de 65 años que no puedan acceder a una pensión.