Los servicios jurídicos del Govern han decidido no recurrir, y por tanto acatan, una reciente sentencia del TSJB, que declaró nula una sanción impuesta por la dirección general de Consumo contra la compañía aérea Vueling por las centenares de reclamaciones presentadas por pasajeros que habían sufrido retrasos de sus vuelos, e incluso anulaciones. Estos retrasos afectaron en Balears a casi 200.000 pasajeros.
Los jueces consideran que el Govern no tenía competencia, aplicando las normas de defensa del consumidor para actuar contra esta compañía aérea, dado que esta responsabilidad recae en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La compañía alegó en defensa de sus intereses ante los tribunales que se enfrentaba a una doble sanción por los mismos hechos. El tribunal le da la razón sobre este razonamiento.
De hecho, AESA ya sancionó a la compañía aérea por estos mismos hechos que investigó el Govern, si bien sostuvo que las suspensiones y los retrasos de los vuelos se produjeron por una huelga de controladores aéreos de Francia.
Los jueces entienden que el expediente sancionador que tramitó el Govern es casi idéntico al que concluyó con una sanción económica impuesta por la Agencia de Seguridad Aérea. Debido a que no se pueden imponer dos sanciones por los mismos hechos, el Tribunal Superior de Balears declara nula la sanción de 320.000 euros que impuso el Govern. Además, los jueces creen que Consumo no tiene competencias para imponer este tipo de multas.
