La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, cuestionó ayer la "fuerza vinculante" de la Oficina Anticorrpción del Parlament ante la "pasividad" y la "falta de voluntad" del Govern de actuar ante sus recomendaciones sobre el plus de residencia y transporte que cobran los altos cargos, un caso denunciado por Diario de Mallorca.
El partido naranja había pedido la comparecencia en la cámara de Jaume Far, director de dicha oficina, para explicar su Informe de recomendaciones emitido el pasado mes de febrero.
Guasp preguntó a Far si estaría en condiciones de asegurar que no se están cometiendo "irregularidades" o "fraude" con este complemento que perciben 19 altos cargos del Govern de Francina Armengol.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, aseguró al respecto tras el Consell de Govern, que el Ejecutivo no va a realizar ninguna modificación presupuestaria sobre este capítulo.
Far recordó que el informe recomienda que la asignación recibida por los altos cargos y asesores no debería ser genérica, como hasta ahora, sino que debería fijarse en función del gasto y que debería justificarse. Y apuntó también la recomendación de clarificar los conceptos de residencia temporal y residencia definitiva, añadiendo también que la medida es "mejorable" pero ha insistido en su "legalidad".
La portavoz de Cs pidió a Far más exigencia ante el Govern, "que no hace caso a sus recomendaciones".
Guasp reclamó que se modifique esta regulación ya que la ley exige que si se pasan más de 183 días en Mallorca debe producirse el empadronamiento y, de este modo, se pierde el derecho a percibir el plus.
En esta línea, la diputada del PP Maria Antònia García, señaló que el trabajo del informe es "incompleto" porque no entra en detalle de cómo habría que ejecutar las recomendaciones.
Para la diputada popular el informe es un mero análisis jurídico "que convierte a la Oficina en un simple órgano consultivo".
En este sentido, Far defendió en el Parlament que esta circunstancia es "la única que le permite la ley".
La diputada popular lamentó que el informe no entre a analizar si los altos cargos analizados están empadronados correctamente y no están incurriendo en un "fraude de ley".
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Esperança Sans, recordó que todas las formaciones políticas "en un momento u otro" desde hace más de una década han dado su apoyo a presupuestos que incluyen estos complementos.
En su turno, el portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, aseguró que "nadie tiene ninguna duda" de que los políticos que viven en islas diferentes a Mallorca tienen que tener una compensación por esta circunstancia para no caer en una situación de "desventaja". En este sentido, señaló la necesidad de explorar la vía de la participación telemática para la participación de los diputados.
Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez reiteró la posición de su grupo de que la función de la Oficina "ya está regulada por otras administraciones" y que la cerrarían si tuvieran la competencia para ello ya que "no consideran que esté haciendo una labor de limpieza de la administración".
En todo caso, recordó que Vox fue "el único partido" de la oposición que apoyó a Unidas Podemos en el plus para los altos cargos que llegan de la península.
La diputada de El Pi Maria Antonia Sureda recordói igualmente el consenso político en torno a estas compensaciones aunque se ha planteado "qué pasará si el Govern no cumple con las recomendaciones".
