Actualmente el principal recurso para investigación en medicina es la inversión proveniente de fondos públicos. En general, mientras que las instituciones públicas realizan investigación básica buscando hallazgos y moléculas prometedoras, la investigación comercial se centra en la investigación y desarrollo clínico de aquellos productos que más mercado puedan tener. Por lo general, son las compañías farmacéuticas las que gestionan las autorizaciones necesarias para la comercialización y la titularidad de las patentes.

Un estudio muy completo publicado en 2019 estimó que en España la administración asume el 62% del gasto destinado a investigación, frente al 38% del sector privado. Proporciones similares de inversión pública se presentan en otros países. En EE UU, la investigación realizada en los centros académicos y las universidades suponen casi el 60 % de toda la investigación básica del país. Un estudio que revisó 119.679 ensayos clínicos del registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que más del 50% no fueron patrocinados por la industria.

La investigación de la Covid-19

La inversión en investigación para el estudio de la Covid-19 no tiene precedentes y la presencia de inversión pública es también abrumadora. Un extenso informe publicado por Salud y Derecho indica que desde el 1 de enero de este año se dispone de 557 ensayos clínicos registrados en China y de 424 en EE UU de los cuales 360 (el 85%) son no comerciales. En Europa informa de 44 ensayos, la mayoría están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro, mientras que solo siete cuentan con financiación exclusiva de la industria farmacéutica. En España se dispone de los registros de la Agencia del Medicamento y de los 87 ensayos autorizados sobre Covid-19, un 74 % son no comerciales. Otros 115 son estudios observacionales con iniciativa de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Se dispone de fondos públicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de fondos de Comunidades Autónomas y de donativos, campañas, micromecenazgos, etc.

Por su parte la OMS coordina una investigación clínica de referencia global, el Solidarity Trial, y hace pocos días lanzó una iniciativa para complementar su “Plan de Respuesta Estratégica” y el “Acelerador de Tecnología Covid” (ATC), impulsado por la Unión Europea (UE) y que ya lleva recaudados cerca de 10.000 millones de euros, con aportaciones de la propia UE, de países patrocinadores y de la fundación Gates. Ni EE UU ni China participan en el mismo. Pero es importante señalar que no se exige a los donantes que renuncien a los derechos de propiedad intelectual. Otros proyectos son los fondos CEPI, con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas y la iniciativa IMI con aportaciones mixtas público-privadas.

La cuestión no resuelta

La cuestión no resuelta es qué garantía tenemos de los medicamentos y vacunas desarrollados estén disponibles para toda la población y a un precio razonable. De momento el dinero público empuja la investigación sin garantía de que las patentes farmacéuticas permitan este acceso. Los medicamentos desarrollados no deberían estar bajo licencias de exclusividad y monopolio, por el contrario se debería facilitar que puedan fabricarse y distribuirse en cantidades para abastecer las necesidades de todos los países.

Posición del Gobierno de España

La OMS y el Gobierno de Costa Rica hace un mes han propuesto ceder la licencia de los potenciales tratamientos y vacunas a un “banco de patentes de medicamentos”, respaldado por la ONU. Ya se han adherido unos treinta países, entre los que están Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega y Portugal, pero no España.

En Europa se ha presentado la iniciativa “Inclusive Vaccine Alliance” (IVA), emprendida por cuatro países, Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, con un acuerdo para la adquisición de entre 300 y 400 millones de dosis de vacuna del laboratorio AstraZeneca. El ministerio de España (nota de prensa del 12 de junio) ha anunciado que apoya este acuerdo de compra anticipada de las vacunas. Pero hay grandes incertidumbres sobre si finalmente la vacuna va a demostrar ser efectiva y sobre los compromisos económicos (se anuncia a precio de coste de fabricación, sic) y regulatorios, con el fin de no hipotecar las necesarias reformas legislativas. Por su parte, y auspiciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se propone coordinar desde Bruselas la búsqueda de la vacuna para toda la UE, no sólo con los cuatro países de la iniciativa IVA. Y también emplear fondos que actuarían como un contrato de compra por adelantado.

Hay que estar vigilantes

Según Yannis Natos, responsable de Acción Política de la Alianza Europea para la Salud Pública, “preocupa que, por el miedo al coronavirus, que los gobiernos den a la industria todo lo que quiera sólo para asegurar que no se quedan fuera de la carrera. En la UE estamos pagando muchos fondos públicos que se están destinando a la investigación. ¿Qué está pasando con todo ese dinero? ¿Estamos dando compromisos por adelantado a cambio de cualquier producto que salga? El apoyo público no debe ser un cheque en blanco”.

Multitud de organizaciones y colectivos sanitarios, pacientes, profesionales y ONG, como No es SANO, la Comisión Promotora del ILP Medicamentos a un Precio Justo, Médicos del Mundo, la FADSP, Salud por Derecho y muchas otras, exigen medidas para garantizar el acceso de estos medicamentos a precios razonables para toda la población con acuerdos transparentes, cambios regulatorios o en último caso la aplicación de la legislación vigente sobre licencias obligatorias que equivale a una expropiación de la patente.

La preocupación y necesidad de tomar medidas para garantizar que cuando se disponga de fármacos eficaces, sea para la Covid-19 o para cualquier otra enfermedad, estos lleguen a los pacientes que lo necesiten y a precios no especulativos. Ahora es más importante que nunca. La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de Balears sigue con la campaña de recogida de firmas de apoyo a la ILP Medicamentos a un Precio Justo, y con iniciativas políticas tanto a nivel de Balears como de apoyo a las organizaciones sociales que en estos momentos están planteando la situación en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de Diputados. Es necesario seguir atentos y exigir a los decisores políticos alternativas que se basen en el derecho a la salud y no al negocio.

* Miembro de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública y de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de Balears