El exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón ha defendido este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que no había motivos para detenerle a él o a sus familiares en el caso ORA.

Gijón ha hecho estas declaraciones en calidad de testigo, en una pieza que investiga al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán revelación de secretos, deslealtad profesional y detención ilegal.

El exconcejal, que estuvo investigado en el caso ORA -y al que se vinculó con fiestas pagadas por empresarios en el marco del caso Cursach-, ha protestado ante el magistrado Carlos Gómez acusando a los instructores de dirigir la investigación para culparle.

El exconcejal, que estuvo investigado en el caso ORA -y al que se vinculó con fiestas pagadas por empresarios en el marco del 'caso Cursach'-, ha protestado ante el magistrado Carlos Gómez acusando a los instructores de dirigir la investigación para culparle, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Un total de 51 testigos propuestos por las acusaciones están llamados a declarar entre este martes y el jueves; este miércoles, además de Gijón, comparecen varias personas de su entorno: sus padres y su hermano, su abogado y el conductor que fue su chófer cuando tenía un cargo en Cort.

El político se ha ratificado en las declaraciones que prestó voluntariamente a la Policía en octubre, en la causa contra el juez y el fiscal, afirmando que sentía que no se podía defender en el caso ORA. El exdiputado ha dado varios detalles sobre cómo ha afectado su imputación a su vida personal.

En este sentido, este miércoles Gijón ha denunciado la publicación de noticias que le perjudicaban en relación a un sumario declarado secreto, y ha confirmado su intención de reclamar por los daños morales.

Entre estas noticias figura la de la detención de sus padres, que tuvo lugar un martes por la mañana. El exdiputado cree que no se trató de una "casualidad", puesto que el Parlament celebra los plenos normalmente los martes. Gijón ha sugerido que esto podría tratarse de una maniobra para generar exposición mediática, porque era un hecho notorio que en el pleno habría periodistas cubriendo la actualidad parlamentaria.

En su declaración ante la Policía, que ha ratificado este miércoles, Gijón sostuvo que este hecho supuso una gran "presión", y decidió no ir al pleno. Pensó en dimitir, pero su familia le animó a no hacerlo.

Además, "tenía clarísimo" que su dimisión "era lo que querían los investigadores" y su abogado le advirtió de que en cuanto dejara el cargo sería detenido -al perder el aforamiento-. Gijón abandonó el Grupo Parlamentario Popular pero conservó su acta de diputado y pasó al Grupo Mixto hasta el final de la legislatura.

Acusa al juez de no haber investigado filtraciones

Gijón también se ha ratificado en sus declaraciones afirmando que Penalva se había negado a investigar presuntas filtraciones de la causa, como la aparición de una entrevista a un testigo protegido en televisión dando detalles del caso ORA; o que aportó numerosa documentación para defenderse pero que los investigadores "no buscaban saber la verdad" sino utilizar la documentación para "armar nuevas acusaciones".

El juez que asumió la instrucción del 'caso ORA', Antoni Garcías, decretó en enero el archivo provisional de la causa al considerar que no hay "suficiente prueba de cargo".

'Caso Cursach'

El exconcejal también se ha ratificado en sus acusaciones sobre las "mentiras y contradicciones" por parte de la testigo protegida número 31, conocida como la 'madame' del caso Cursach, que le vinculó con fiestas con prostitutas y droga supuestamente pagadas por el empresario.

Este miércoles Gijón también ha asegurado que tuvo dificultades para defenderse, entre otros motivos, por su aforamiento. Solicitó declarar voluntariamente ante el Juzgado por esta razón. Dado que la testigo 31 le acusaba de ser consumidor de cocaína, el político pidió una prueba de detección de drogas, que no fue admitida.

A lo largo de la jornada también declaran oficiales de la Policía Local que fueron investigados por Penalva y Subirán por corrupción, entre ellos el comisario Rafael Estarellas; así como varios abogados de imputados, agentes de la Policía Nacional y testigos protegidos.

Medidas por el covid-19

Para evitar aglomeraciones, se han organizado las declaraciones de manera que sólo las defensas y la Fiscalía -dos fiscales Anticorrupción desplazados desde Madrid- estaban presentes en todas las diligencias.

En cambio, de las acusaciones sólo estaba presente el abogado que hubiera propuesto al testigo, dada la elevada cifra de letrados personados.