El Parlament valida el decreto de protección con el rechazo de PP, Cs, Vox y Pi

El decreto se ha validado con 32 votos a favor y 26 en contra. El pleno ha rechazado con ese mismo reparto de votos pero a la inversa (32 en contra y 26 a favor) la propuesta de que se tramitara como proyecto de ley.

Mir ha asegurado que con este decreto "el patrimonio de los payeses no se verá afectado" y que "supone un punto de inflexión real en nuestro modelo territorial".

PP, Cs, Vox y el PI han coincidido en acusar al Govern de haber aprobado el decreto por motivos partidistas y en criticar que estas medidas de protección se hayan adoptado con la fórmula de un decreto ley de urgencia por el coronavirus cuando no guardan relación con la pandemia.

Todos ellos han advertido de que supondrá importantes complicaciones para los ayuntamientos y puede dar lugar a indemnizaciones a los perjudicados.

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha justificado el voto en contra del decreto porque "aumentará el desempleo y el precio de la vivienda, paralizará actividad económica cuando más se necesitaría, empeorará el problema de la vivienda, va contra la autonomía municipal, reducirá los ingresos de los ayuntamientos y los condenará a pagar multimillonarias indemnizaciones".

Sagreras ha anunciado que el PP derogará en cuanto tenga los votos suficientes "esta norma que se llama de protección del territorio pero que mejor podría llamarse de destrucción de puestos de trabajo en el sector de la construcción" y que ha tildado de "disparate jurídico" que "tiene visos de anticonstitucionalidad". El PP estima que el decreto "condena al paro a más de 5.000 personas a medio plazo del sector de la construcción".

Sagreras ha asegurado que el decreto es consecuencia de "un chantaje" de MÉS per Mallorca y "de un centenar contado de ecologistas radicales" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, tras el decreto de medidas de reactivación económica por el coronavirus.

Según el diputado popular, la norma "es un ataque a la propiedad privada, está expoliando el valor del patrimonio de muchos baleares y parando la actividad económica" y además empeora los dos problemas más importantes en Baleares antes del coronavirus, como son el paro y el acceso a la vivienda.

Sagreras ha advertido de que, que haya o no indemnizaciones derivadas del decreto dependerá de resoluciones judiciales, no de lo que diga el Govern, y ha puesto ejemplos de "casuísticas" y problemas como qué ocurrirá con quienes tienen obras avanzadas que no se ajustan a los parámetros nuevos fijados o cómo devolverán los ayuntamientos los costes de los trámites ya pagados por particulares por obras que no podrán hacer.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, ha tildado de "vergüenza" que el Govern se aproveche "de la pandemia, de 2.000 personas infectadas, de 200 personas que han perdido la vida en las islas para justificar este decreto ley".

Pérez-Ribas se ha mostrado de acuerdo con que ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes como la actual hacen falta actuaciones rápidas, como dice el decreto, pero ha preguntado al Govern: "¿Están seguros de que estas actuaciones hacen falta ante una crisis sanitaria?" Si ante la "situación dramática" por la pandemia en las islas, al ser la comunidad con mas crecimiento del paro, Cs considera que las medidas de impulso a la actividad económica se han de consensuar con agentes sociales, fuerzas políticas y escuchar a los expertos, "todavía más con propuestas de decrecimiento, que deben ser aún más consensuadas", ha pedido Pérez-Ribas.

El portavoz de Cs ha insistido en que "no está justificada ni la urgencia ni la falta de consenso con consells y ayuntamientos", ni medidas que bajarán el valor del patrimonio de particulares por motivos políticos, y ha tildado la norma de "un decreto vergonzoso porque es fruto de las cesiones de Armengol a sus socios de MÉS".

El presidente de Vox, Jorge Campos, ha advertido de que el decreto tendrá "consecuencias letales" para empresas y trabajadores, para la conservación del suelo rústico del campo y del medio ambiente, y de que con él "van a arruinar a los trabajadores del campo y de la construcción".

Campos ha incidido en que el decreto "no responde a ninguna necesidad real de los ciudadanos de las islas ni a la crisis provocada por el coronavirus", por lo que se podría haber tramitado como proyecto de ley y ha cuestionado si en la primera legislatura del pacto no preocupaba la protección del territorio.

El portavoz de Vox ha acusado al Govern de anteponer los intereses partidistas a la falta de vivienda asequible y de "imponer la ideología más ultra" al legislar "para grupos ecologistas radicales que viven de la subvención pública" para asegurarse su voto.

El diputado de Proposta per les Illes, el Pi, Josep Melià, ha denunciado que el "problema de fondo" en Baleares, es la cronificación del planeamiento urbanístico, a la que el decreto no pone solución.

Melià ha advertido del "grave error" que supone que el Govern no haya previsto un régimen transitorio para este decreto para los proyectos en tramitación, situación que representa "una fuente de problemas para los ayuntamientos", que se prolongará "3 o 4 años". También ha criticado la falta de cálculo sobre las indemnizaciones a las que dará lugar.

El diputado del PI ha pedido al Govern que "como mínimo" el decreto se tramitara como proyecto de ley para "suavizar" el impacto que tendrá "una normativa que no es urgente ni era necesaria".

Los grupos parlamentarios del PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos han apoyado el decreto, así como la diputada de GxF Silvia Tur, que también ha reprochado al Govern que no lo haya tramitado como proyecto de ley.