La Fundación Llull, integrada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Obra Cultural (OC) y Obra Cultural Balear (OCB), mostró su preocupación por lo que considera es la "regresión centralista del estado", al hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que no permite a administraciones valenciana, catalana y balear poder comunicarse en catalán, al considerar que el uso de lenguas en la administración tiene un carácter "excluyente" sobre el castellano y vulnera la Constitución.
Dicha resolución del TS, con fecha de 2 de junio, falló "no haber lugar" al recurso de casación interpuesto por la abogacía de la Generalitat y por Intersindical Valenciana contra la sentencia 319/2018, de 17 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La sentencia recurrida declaraba en julio del año pasado la nulidad de parte del Decreto 61/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública autonómica.
Así, estima en parte el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anulaba once artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
"Restringe el autogobierno"
El TS considera que la Generalitat Valenciana se extralimita en sus competencias, debido a que no puede regular cuál es la lengua de la administración, puesto que, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, la organización de la administración corresponde solo al Estado.
En la práctica, aseguró la Fundació Llull este lunes, el pronunciamiento del Supremo es "muy grave" porque, detalló, "restringe el autogobierno, impidiendo cualquier avance en el fin de la igualdad lingüística"; en segundo, "niega al valenciano su carácter de lengua propia y la subordina al castellano"; y, en tercer y último, porque "el decreto simplemente recoge un hecho que ya permite la norma estatal -según la cual, si los documentos han de tener efecto en otra comunidad autónoma que tiene la misma lengua, no es necesario traducirlos al castellano-, al amparo de un defecto de técnica jurídica anula la norma autonómica".
Frente a esta sentencia, la Fundació Llull consideró que es el momento de adoptar el segundo 'Acord del Botànic' y aprobar una nueva Ley de Igualdad Lingüística. Apuntó además que es "imprescindible" la entrada del Govern de la Generalitat en el Institut Ramon Llull, "como instrumento al servicio de la colaboración entre gobiernos de territorios del mismo ámbito lingüístico, para la promoción de la lengua y la cultura propia".
Llamamiento al Govern balear
Por su parte, la organización política Ara Mallorca hizo un llamamiento al Govern balear a que no acate esta sentencia, que califica de "absurda".
En esta línea, aseguraron, "esta sentencia tiene un claro objetivo político y que no es, para nada, algo aislado". "Es, de hecho, otra maniobra del Estado español enmarcada en el divide y vencerás", ha criticado.
Con todo, reiteró su llamamiento al Govern balear a no acatar la sentencia y a desobedecer "cualquier imposición lingüística o judicial que atente contra la lengua catalana".
