La mitad del suelo rústico que el Govern afirmó que preservaría ya está edificado, como denunció ayer el colectivo TerraferidaTerraferid. Con la aprobación del reciente decreto ley de protección del territorio, el Ejecutivo balear aseguró que se salvarían 51.760 hectáreas, pero la entidad ecologista ha calculado que las parcelas protegidas solo ocupan una décima parte de las anunciadas por el gobierno del Pacto. "Por lo tanto, la superficie total de suelo rústico inedificable aumenta un 1,4%, no un 15%, tal como se dijo", lamentó Terraferida en la presentación de un estudio realizado por expertos mediante un SIG (Sistema de Información Geográfica), que superpone los datos del catastro, las APR (Áreas de Prevención de Riesgos) recién preservadas y otras figuras de Suelo Rústico Protegido.

Esto significa que las parcelas inedificables son 1.489 y entre todas ocupan 5.251 hectáreas, no las más de 51.000 que se publicitaron, como reiteraron los ecologistas. También comprobaron con dicho sistema el número de parcelas edificables protegidas en cada municipio y vieron que "casi una cuarta parte del total (346) son de una zona inundable de Campos. Los otros dos municipios con un número significativo son Palma (135), en el Pla de Sant Jordi; y CamposPalmasa Pobla.

Según Terraferida, el cálculo de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear habría incluido "parcelas construidas, canteras, carreteras o terrenos que ya han sido arrasados por la autopista Llucmajor. De ahí que critiquen la "falta de rigor y precipitación a la hora de aprobar el decreto ley sin conocer su alcance real y publicitar una protección que en gran parte no existe", recalcaron.

Alud urbanizador

Su argumento es que esta norma "no frenará el alud urbanizador de foravila, donde en los últimos 25 años se han concedido unas 10.000 licencias para edificar grandes viviendas con piscinas, un fenómeno constructivo que ha provocado el abandono masivo de la agricultura [...] y que los usos residenciales y la rururbanización del campo disparen el consumo de recursos como el agua". Por ello reivindican "que todo el suelo rústico sea no edificable", como hizo Menorca en 2003. "Ese es el camino", concluyeron.