Ayer se aprobó en Madrid el Ingreso Mínimo Vital, al que no pueden acceder las personas que no acrediten un mínimo de un año de permanencia legal en España. Además, en Balears se han acabado las ayudas extraordinarias puestas en marcha durante el confinamiento, que llegaron a más de 6.500 nuevos beneficiaros, incluyendo 2.375 familias extranjeras en situación irregular, que quedan ahora sin cobertura social.

La pandemia y la declaración del Estado de Alarma supuso la paralización de la economía, tanto de la regulada como de la informal o sumergida, en la que los inmigrantes sin papeles de residencia se buscan la vida trabajando como señoras de la limpieza, como cuidadoras, en la construcción o vendedores ambulantes, principalmente. Muchas de estas personas, que en condiciones normales ya viven en una situación de precariedad, se vieron de un día para otro sin ningún ingreso.

Ampliación de la renta social

Ante el drama social que asomaba al paralizarse la economía, la conselleria de Asuntos Sociales puso en marcha una ampliación de la renta social garantizada (Resoga), que antes del estallido de la crisis de la COVID-19 ya llegaba a 8.600 familias. Al ampliarse por la emergencia sociosanitaria ha llegado a 15.098 familias y ha beneficiado a más de 30.000 personas, según los últimos datos hechos públicos el pasado 26 de mayo.

De estas nuevas 6.000 personas que se han incorporado a esta ayuda extraordinaria, más de un tercio son personas migrantes en situación irregular.

Al no tener los papeles en regla, estas personas no pueden abrir una cuenta corriente, con lo que formalmente no se les puede hacer llegar las ayudas públicas al no poder revisar sus ingresos para comprobar que efectivamente cumplen los requisitos.

Ante la necesidad de evitar la creación de "bolsas de marginalidad", Servicios Sociales, según explicó a este diario su titular, Fina Santiago, planteó que entidades del tercer sector de trayectoria consolidada e indiscutible (Cáritas, Metges del Món, Cruz Roja y Casal Petit) recibieron el dinero y lo entregaran en mano a estas personas tras valorar su caso y su situación.

Sin cuenta bancaria

Según la legislación y la teoría, estos migrantes, recuerda Santiago, tienen derecho a recibir ayudas públicas pero que en la práctica quedan excluidas por el tema de la cuenta bancaria.

Así por ejemplo Cáritas Mallorca realizó dos sesiones de reparto de 560 ayudas cada vez (una en abril y otra en mayo) por un valor de 306.000 euros de cada ronda. En total, la conselleria de Servicios Sociales repartió 1,31 millones a las citadas entidades.

Fina Santiago señaló que la mayoría de beneficiarios han sido personas de nacionalidad colombiana y venezolana, que trabajan de forma irregular "desde hace varios años" en el sector doméstico (como empleadas de hogar o cuidadoras) o en la construcción.

En menor medida, esta ayuda extraordinaria ha llegado también a vendedores ambulantes (la mayoría de origen senegalés) y a mujeres que ejercen la prostitución.

SOS Racismo aplaudió a Balears al haber sido la única comunidad que ha ideado un sistema así para llegar a este colectivo. En Canarias se planteó un sistema de tarjetas prepago.

No se sabe con exactitud cuantos inmigrantes sin papeles viven en las islas, pero que es lógico pensar que es elevado en una comunidad como la balear, con mayor inmigración que otras comunidades "y un sistema económico que genera muchos puestos de trabajo precarios y que exigen baja cualificación".

Justo hace un año tanto Cruz Roja como Cáritas detectaron en Mallorca un notable incremento de peticiones de ayuda por parte de inmigrantes sin papeles recién llegados sobre todo de Venezuela y Colombia y en menor medida de Marruecos, Senegal, Bolivia y Nigeria.

Ahora, finalizada la 'Resoga' extraordinaria, la consellera pide al Estado "que se aprueba alguna resolución administrativa para que estas personas puedan tener acceso a ayudas si un profesional del sector social señala que la necesita".