Con la reanudación de la actividad judicial también se reactiva la tramitación de desahucios, suspendidos durante el estado de alarma por el coronavirus. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca presentó ayer en los juzgados de sa Gerreria un escrito en el que exigen la suspensión de los desalojos de personas que no tienen alternativa habitacional como Luz Mila Gil, una mujer de 72 que afronta una orden de desahucio a partir del día 15.
"Vive de Cáritas, no tiene recursos económicos, como muchas otras personas en su situación. En menos de un año habrá un burbuja de desahucios hipotecarios y de alquiler. ¿Qué hacemos con gente como Luz que no tiene a dónde ir? ¿Les tenemos que confinar en albergues?", se preguntó Àngela Pons, portavoz de la PAH en Mallorca.
Esta activista criticó que "el Govern balear no cumple la ley de vivienda que aprobó en 2018" y que obliga al Ejecutivo a dar una solución habitacional a todo aquel que se se encuentre en una situación de desahucio. "Los grandes tenedores siguen teniendo miles de pisos vacíos y el Govern no negocia con ellos para que les cedan esos pisos para personas como Luz. Al final los grandes propietarios son los que hacen política en este país", lamentó Pons.
"No tengo dónde ir y con mis ingresos no puedo arrendar otro piso. ¿Entonces qué como? Toda la vida he sido una mujer trabajadora y por mi edad nadie me da empleo. Lo estoy pasando muy mal, no sé qué hacer", afirmó Luz sin poder contener la emoción. "Pido que me den más tiempo para encontrar una solución", señaló esta mujer.
El pasado abril entró en vigor un paquete de medidas de protección de los inquilinos ante la pandemia que, entre otras cosas, establecía una moratoria de seis meses en los desahucios. Sin embargo, el inquinino afectado debe acreditar que sus problemas de liquidez son consecuencia de la emergencia sanitaria.
No es el caso de Luz, que teme verse en la calle en dos semanas. "Es una de tantas personas que se verán abocadas a una situación indigna", señaló Pons.
