La Comisión de Salud del Parlament aprobó ayer una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno central a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias al Govern, con una dotación económica suficiente que permita mejorar cualitativamente la atención sanitaria en la población reclusa de Balears.
La propuesta, que fue presentada por los grupos parlamentarios Més per Mallorca, Socialista y Unidas Podemos, contó con 12 votos a favor y uno en contra de Vox.
Respecto a la propuesta, la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín indicó que "la privación de libertad en ningún caso puede provocar el recorte al derecho a la salud. Hace falta una coordinación entre el IbSalud y las instituciones penitenciarias, ya que hay dos historias clínicas y algunas carencias, como la falta de profesionales sanitarios",añadió. En este sentido, la diputada destacó que es necesaria "una mejor atención in situ y un mejor seguimiento".
Por su parte, el portavoz de Més, Miquel Enseñat, indicó que pese a que en 2003 se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía para el año siguiente la completa integración de la sanidad penitenciaria dentro de las competencias sanitarias de todas las autonomías, 15 años después estas competencias tan sólo se han transferido a Cataluña y Euskadi.
"Han pasado 15 años sin que se cumpla la normativa".
