El juez ha rechazado incautar los teléfonos móviles del magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en las pesquisas del Caso Cursach. Ambos habían descartado entregarlos de forma voluntaria, como les requirió el juez del Tribunal Superior de Justicia, y la Fiscalía se opuso después a intervenirlos por la fuerza.
El pasado mes de febrero, varios abogados que ejercen la acusación particular contra Penalva y Subirán reclamaron al juez del Tribunal Superior de Justicia de Balears Carlos Gómez, instructor de la causa, la incautación de los teléfonos para examinarlos y recabar nuevas pruebas. Gómez requirió al juez y el fiscal para que los entregaran voluntariamente en un plazo de cinco días, pero ambos se negaron. La fiscalía se opuso a intervenirlos por la fuerza, considerando que la medida no sería proporcional y cuestionando el magistrado hubiera informado a los investigados de la petición de las acusaciones, cuando podría haber tomado la decisión de oficio.
Gómez ha rechazado ahora la incautación solicitada. En un auto fechado el pasado jueves, considera que sería una medida "desproporcionada", ya que "la información que podría obtenerse es mínima y en cambio se pondría en riesgo el derecho fundamental de los investigadores a la intimidad". La decisión puede ser recurrida por las partes.
