La Fiscalía se ha opuesto a la petición de varias acusaciones de incautar los teléfonos móviles del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en el marco de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Balears por las supuestas irregularidades en la instrucción del Caso Cursach. El ministerio público considera que esta medida no sería "proporcional" y cuestiona que el magistrado informara a Penalva y Subirán de que existía una petición para requisar los aparatos.

El magistrado Carlos Gómez pidió a la Fiscalía que se pronunciara sobre la necesidad de incautar forzosamente los teléfonos del juez y el fiscal, después de que estos rechazaran entregarlos de forma voluntaria el pasado mes de febrero. El informe de los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo replica que en este caso no se da el requisito de "proporcionalidad".

Entre otras cuestiones, apunta que los investigados ya han sido advertidos de que existía la petición de requisar sus teléfonos. Además, recuerda que esta medida no ha sido solicitada ni por la fiscalía ni por la Policía Judicial y que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé que pueda pedirla ningún otro interviniente en el proceso penal.