La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido este martes en que quiere que Baleares se adelante a la apertura de España al turismo internacional, fijada por Pedro Sánchez para el 1 de julio, y que comience con "alguna prueba piloto" en la segunda mitad de junio.
"Estamos trabajando para reabrir y lo tenemos que hacer de forma segura", ha subrayado Armengol para defender su plan de desescalada turística y subrayar que espera contar con el apoyo del Gobierno central, que ya ha atendido su reivindicación de establecer una fecha para abrir las fronteras a turistas y ha anunciado que entonces levantará la cuarentena para quienes lleguen al país desde el extranjero.
Ha indicado que para reforzar esa reactivación ha reclamado al ejecutivo estatal la reducción de las tasas aeroportuarias y ha apuntado que, en apoyo a su estrategia, el principal turoperador alemán, TUI, ha señalado Baleares como su primer destino para retomar la actividad.
La diputada de Ciudadanos Patricia Guasp ha puesto en duda la capacidad de influencia de Armengol ante el Gobierno central, que "ha subestimado al motor económico" del archipiélago con medidas negativas como la instauración de cuarentena para todos los viajeros procedentes del extranjero.
También ha criticado a la presidenta con el argumento de su falta de peso frente al ejecutivo estatal Josep Melià, de El Pi, que ha considerado que Baleares sufre una "discriminación clarísima" por los criterios de reparto de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas.
Armengol ha admitido que el archipiélago obtendrá menos fondos de los que serían justos porque no se contempla suficientemente la población ni la previsión de la comunidad en la compra de material sanitario, pero ha confiado en que el Ministerio de Hacienda modifique sus planteamientos actuales antes de que se apruebe definitivamente la distribución.
El portavoz del PP, Biel Company, ha centrado su intervención las contradicciones que, a su juicio, presentan los decretos ley de incentivación de la construcción y de protección del suelo rústico, que revelan las "mentiras" de Armengol y su propósito de utilizar la crisis sanitaria para hacer modificaciones legales que nada tienen que ver con el coronavirus.
Para Company, el decreto territorial aprobado ayer "pisa el patrimonio de los payeses" y las familias con propiedades rurales. "Ahora necesitamos activación económica, y usted va totalmente al revés", ha incidido.
Armengol ha defendido la coherencia de incentivar la actividad constructiva para reactivar el sector turístico y hostelero al tiempo que se avanza en la preservación del entorno natural, un modelo que, ha sostenido, avaló la ciudadanía en las últimas elecciones.
