El Ejecutivo balear aprobó este lunes en un Consell de Govern extraordinario el decreto ley de medidas urgentes de protección territorial que, según explico el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir (Més), se traducirá en la protección unas 51.700 hectáreas de suelo rústico en Mallorca, lo que supone aproximadamente "el 15 por ciento" del total de estos terrenos en la isla. A ellos se unen, en el conjunto de Balears, unas 400 hectáreas de suelos urbanizables y 200 de los conocidos como falsos urbanos, aquellos no consolidados por la falta de servicios básicos como alcantarillado, lo que supondría capacidad para unos 50.000 habitantes, según calculó Mir.
En el caso de los terrenos rústicos, Mir recordó que Eivissa y Formentera quedan exoneradas de las medidas contempladas por el Decreto porque en ambos casos han modificado sus planes territoriales hace menos de dos años. En lo que se refiere a Menorca, su plan territorial ya prohíbe la construcción en rústico.
Además, el decreto incorpora la modificación de un artículo del decreto de reactivación económica aprobado hace algo más de una semana con el fin de prohibir las marinas secas (espacios para el almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones) en suelo rústico, en donde si se permitirá puntos verdes de recogida de residuos en aquellos municipios donde no haya otro lugar en el que ubicarlos. La modificación para prohibir las marinas secas en rústico se debe a que tras "reflexionar" se vio que lo "coherente" con el Decreto de protección territorial aprobado este lunes era no permitirlas, según resaltó Mir, la portavoz del Govern, Pilar Costa (PSIB) y la consellera Mae de la Concha (Podemos).
Los tres comparecieron conjuntamente ante los medios de comunicación para presentar el decreto, dando una imagen de unidad tras las discrepancias entre los socios del Pacto que impidieron que se aprobara en el Consell de Govern del viernes, si bien horas más tarde se alcanzaba un acuerdo en una reunión impulsada por la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol.
El Decreto finalmente aprobado recoge las medidas más relevantes de la propuesta de la Conselleria que dirige Miquel Mir. Así, como ya informó DIARIO de MALLORCA, se establece una moratoria de licencias y autorizaciones para los falsos urbanos y urbanizables que no se han desarrollado en décadas, que quedarán en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2021 para que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma decidan su reclasificación. De no hacerlo en este plazo de tiempo, el Govern se subrogará la competencia para adoptar esta decisión, para lo cual dispondrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.
Además, quedarán desclasificados los terrenos urbanos con 8 años de antiguedad en donde no se haya construido, salvo que se destinen a viviendas de protección oficial o tengan los proyectos de urbanización en trámite en el momento de la entrada en vigor del Decreto, en cuanto se publique en el BOIB, lo que está previsto para hoy mismo o de inmediato, según precisó Costa.
En lo que se refiere al suelo rústico, se prohíbe la construcción de nuevas viviendas en las áreas de riesgo potencial de inundación, erosión o incendios. Además, se reduce las dimensiones de las nuevas viviendas aisladas que se construyan en rústico, cuyo volumen no podrá sobrepasar los 900 metros cúbicos. Estas viviendas unifamiliares en rústico no podrán tener más de una piscina, cuyas dimensiones (para las nuevas) no podrán superar los 35 metros cuadrados ni los 60 metros cúbicos de volumen de agua.
Empresarios
La Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), mostró ayer su "frontal oposición" al decreto de protección territorial aprobado ayer por del Govern y aseguró que "es la puntilla para la economía de miles de trabajadores y familias de Balears". En un comunicado, tras la reunión celebrada por la presidenta Francina Armengol con los agentes sociales, el sector de la construcción acusó al Govern de anteponer los intereses partidistas "a la emergencia de vivienda asequible y a la emergencia de reactivación económica". En cambio, Pimem apoyó el decreto y su presidente, Jordi Mora , consideró que sus posible efectos negativos para la construcción será "imperceptibles" y no será "contraproducente ni afectará" a la reactivación económica. Desde los paridos políticos, tanto PP como Ciudadanos mostraron su rechazo al decreto que según el líder popular, Biel Company, "causará un gran daño a la actividad de pequeñas empresas y autónomos" y pisotea "el patrimonio de los payeses y pequeños propietarios".
