El Pacto salva 'in extremis' el decreto de protección territorial

Este había sido el punto más relevante del desacuerdo que se mantuvo hasta ayer por la tarde, cuando la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, citó al líder de Més, Antoni Noguera, a una reunión en la que participaron representantes de los dos partidos y de Podemos para desatascar este asunto.

En las negociaciones del jueves Més había propuesto, con el fin de superar las reticencias de los socialistas, que en lugar de la prohibición directa para edificar en estas areas se estableciera una moratoria urbanística hasta que los consells lo incluyeran en sus planes territoriales. Sin embargo, desde el PSIB se argumentaba que eso no debía aplicarse en Eivissa ya que hace tan solo un año que había sacado adelante su plan territorial que ya contemplaba restricciones. Ayer, el acuerdo llegó tras decidir que la prohibición se aplicará en Mallorca y no en las otras islas, sin necesidad de moratoria.

Superado este escollo, el resto de las cuestiones en las que habían surgido discrepancias quedaron resueltas sin modificaciones de relevancia en la propuesta inicial de Més. Así, se mantendrá la limitación de las dimensiones de las piscinas en viviendas unifamiliares en rústico o la reducción de los parámetros de construcción en estas zonas, cuyo volumen máximo será de 900 metros cúbicos en lugar de los 1.500 actuales.

Tras el acuerdo cerrado ayer, el decreto de medidas para contener el crecimiento de nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico se aprobará en un Consell de Govern que podría celebrarse de manera extraordinaria la próxima semana.

El decreto, como informó en su edición de ayer DIARIO de MALLORCA, establecerá una moratoria para la construcción en los conocidos como falsos urbanos, con la suspensión de autorizaciones y licencias urbanísticas en suelo urbano no consolidado (el que no cuenta con servicios básicos) hasta diciembre de 2022. En concreto, los consells insulars, y en el caso de Palma el Ayuntamiento, dispondrán hasta el 31 de diciembre del próximo año para clasificarlos como suelo urbanizable o suelo rústico. Si en ese plazo no han tomado una decisión, el Govern será el que decida, para lo cual dispondrá hasta diciembre de 2022. A ello se añadirá la reclasificación en suelo rústico de urbanizables que no se hayan desarrollado, salvo excepciones como su uso para equipamientos escolares, por ejemplo.

El decreto de medidas de protección territorial, impulsado por la conselleria de Medio Ambiente a cuyo frente se encuentra Miquel Mir (Més), ha necesitado de largas negociaciones para alcanzar un acuerdo, que se intensificaron esta semana con el fin de que fuera posible aprobarlo en el Consell de Govern de ayer. Las discrepancias entre el PSIB y Més provocaron duras tensiones entre las dos formaciones políticas que llegaron al día de ayer sin acuerdo.

"Nadie ha bloqueado nada", sostuvo ayer la portavoz del Ejecutivo balear, la socialista Pilar Costa, tras el Consell de Govern al ser preguntada por las críticas lanzadas desde fuentes de Més que culpaban al PSIB de estar impidiendo que el decreto saliera adelante.

A primera hora de la tarde, el núcleo duro de Més celebró una reunión en la que dejaron claro que mantendrían abiertas las puertas a seguir negociando, pero que no cederían en los aspectos más relevantes de su propuesta, en especial en lo que se refiere al suelo rústico. Al acabar la reunión, Noguera recibió la llamada de Armengol para el encuentro en el que finalmente se cerró el acuerdo. Mientras desde Més se trasladaba por la noche su satisfacción al interpretar que los socialistas habían cedido, desde el PSIB se trasladaba que sus reticencias a la prohibición en la edificación en las áreas de prevención de riesgo en rústico se debían a que no estaban de acuerdo con que se aplicara en Eivissa, pero sí consideraban que esta medida debía implantarse en Mallorca, como finalmente se ha acordado.