Los partidos del Govern (PSIB, Més y Podemos) han estado esta semana negociando contrarreloj con el fin de aprobar cuanto antes, seguramente en el Consell de Govern de hoy, un decreto de medidas urgentes destinadas a contener el crecimiento de nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico. Distintas fuentes del Ejecutivo confirmaron que hay acuerdo político sobre los objetivos, pero no en la concreción de algunas de las medidas, en especial en lo que se refiere al suelo rústico. En este ámbito, según las fuentes consultadas, los negociadores del PSIB plantearon ayer discrepancias con cuestiones defendidas por Més con respecto al alcance de las restricciones, aunque sí hubo acuerdo en reducir los parámetros de construcción en rústico común, reduciendo la superficie construible máxima.
También hay acuerdo en el freno a la posibilidad de construir en los conocidos como falsos urbanos. Para ello, se establecerá una moratoria con la suspensión de autorizaciones y licencias urbanísticas en suelo urbano no consolidado (el que no cuenta con servicios básicos) hasta diciembre de 2022. En concreto, los consells insulars,y en el caso de Palma el Ayuntamiento, dispondrán hasta el 31 de diciembre del próximo año para clasificarlos como suelo urbanizable o suelo rústico. Si en ese plazo no han tomado una decisión, el Govern será el que decida, para lo cual dispondrá hasta diciembre de 2022. A ello se añadirá la reclasificación en suelo rústico de urbanizables que no se hayan desarrollado, salvo excepciones como su uso para equipamientos escolares, por ejemplo.
Donde surgieron mayores discrepancias ayer en las negociaciones fue en la propuesta defendida por Més en cuyas manos está la conselleria de Medio Ambiente con Miquel Mir al frente, de no poder construir nuevas viviendas unifamiliares aisladas en terrenos rústicos incluidas en áreas de prevención de riesgos de inundaciones, incendio o desprendimientos. Según las fuentes consultadas, el PSIB mostraba dudas sobre esta medida, así como a la limitación de las dimensiones de las piscinas en viviendas unifamiliares en rústico, en las que, además, no se podrá construir más de una piscina en cada finca.
Al cierre de esta edición los partidos del pacto continuaban negociando esta iniciativa, que engloban dentro del paquete de medidas ante los efectos de la crisis por el coronavirus y que en la práctica compensaría en parte las críticas por el decreto de reactivación económica presentado la pasada semana por la presidenta Francina Armengol, por el que se permite a los hoteles aumentar su superficie hasta un 15 por ciento.
