"No es un decreto técnico, es político y para hacer obras reales se necesitan técnicos, no políticos". Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, su decano, Alfredo Arias, expresaba así su desacuerdo con el decreto ley del Govern, un paquete de medidas que ve como "una campaña de imagen". A su juicio, la tan ansiada y largamente reclamada agilización de trámites no va a conseguirse con la declaración responsable que se va a requerir en sustitución de la licencia de obras. "Habrá una pérdida de garantías para el ciudadano, la administración y los técnicos", apunta al tiempo que prevé "una línea de conflictos constante y de difícil solución". Insiste en que "debe haber seguridad para controlar antes de que comience la obra y no dar barra libre a un sector que requiere regulación".
