La consellera de Salud, Patricia Gómez, defendió ayer en comisión parlamentaria la decisión del Servei de Salut de recurrir al asesoramiento jurídico de una abogada de origen chino, del despacho de un histórico militante del PSIBdespacho de un histórico militante del PSIB, para actuar de intermediaria con una empresa proveedora de China que vendió 6 millones de euros de material sanitario ante el coronavirus, repartido entre los hospitales de las islas. Ante la petición de explicaciones de PP y Vox, Gómez precisó que esta abogada no trabaja para el despacho del abogado socialista, sino que es socia del bufete y se recurrió a ella cuando la comunidad china en Mallorca donó al Servei de Salut unas mascarillas y le informó sobre esta letrada.

Precisó que ante la necesidad de comprar material en un "mercado muy complejo", el Servei de Salut recurrió a esta asesoría para la tramitación de dos cargamentos de 34 toneladas provenientes de China, del fabricante Rayan Holdings. Resaltó que se trata de una abogada que conoce el idioma, la legislación y normativa chinas, lo que la hacían adecuada para esta labor. Insistió en que no fue el bufete del abogado socialista el contratado, sino la abogada a la que se le pagaron sus servicios a través de dos minutas, de 20.722 y 19.966 euros respectivamente. Junto a ello, aclaró que el Servei de Salut también recurrió al asesoramiento de otros cuatro intermediarios para estas compras, que justificó en la necesidad de lograr el material de protección ante el estallido del coronavirus.

Gómez ofreció estas explicaciones ante las preguntas de Marga Duran, del PP, y de Idoia Ribas, de Vox, que no ocultaron sus dudas sobre que se hubiera cumplido con la legislación en esta contratación y lanzaron duras críticas a la consellera, quien insistió en que se había actuado correctamente.

No fue el único asunto por el que Gómez recibió los ataques de la oposición, en especial de las representantes de PP y Vox, que arremetieron contra la gestión de la Conselleria sobre todo en lo que se refiere a la protección del personal sanitario. Gómez defendió que su departamento ha actuado de acuerdo con la evolución de la pandemia y de los conocimientos escasos que se iban teniendo sobre la enfermedad. Además, resalto que la situación en Balears es "mucho mejor" que en otras comunidades, lo que le ha permitido pedir el pase a la fase II de la desescalada.

Precisamente al acabar su comparecencia, participó en una reunión bilateral con el ministerio de Sanidad, presidida por el ministro Illa, para analizar los datos epidemiológicos y asistenciales del coronavirus en Balears con el fin de que Mallorca, Menorca y Eivissa puedan entrar en la fase II el 25 de mayo. Según se explicó desde la Conselleria, en el encuentro el Ministerio valoró el seguimiento de los casos que se realiza desde Atención Primaria en las islas para garantizar una desescalada segura.

En su comparecencia en el Parlament, Gómez, quien repasó las actuaciones de su departamento desde el estallido del coronavirus, anunció la contratación de 150 profesionales de atención primaria para realizar el seguimiento de los casos, así como el refuerzo de la dirección general de Salud Pública y Participación. Precisó que los contratados sson 105 enfermeras y 45 técnicos auxiliares de enfermería, que harán el rastreo de contactos coordinados por la central de Covid-19. Añadió que el objetivo es que cada centro de salud donde se realiza la prueba de PCR pueda haber, como mínimo, una enfermera y un técnico auxiliar de enfermería que lleven a cabo la labor de rastreador.

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