El Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo para mantener la multa de 300.000 eurosmulta de 300.000 euros impuesta a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por anunciar alquileres de pisos sin mostrar el número de licencia. La sanción ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que se basa en una Directiva Europea para sostener que la empresa irlandesa no está obligada a realizar esa labor de control por su papel de intermediaria. Los magistrados resuelven que Airbnb se limita a ofrecer de manera "neutra, técnica y automática" los inmuebles ofertados por los usuarios.

En julio de 2018, la conselleria de Turismo concluyó que Airbnb había cometido una infracción muy grave de la Ley de Turismo de Balears, modificada el año anterior para tratar de poner coto a los alquileres turísticos. Esta normativa prohíbe publicitar anuncios de viviendas para uso turístico sin incluir el número de inscripción en el registro de la conselleria. Muchos anuncios publicados en la web de Airbnb no ofrecían esta información, por lo que el Govern le impuso 300.000 euros de multa. Turismo desestimó el recurso presentado por la plataforma y ratificó la sanción en noviembre de 2018. Airbnb llevó entonces el caso a los tribunales.

Y ha ganado, al menos de momento. La sala de lo contencioso administrativo del TSJB ha dado la razón a la empresa en su argumento de que no está obligada a incluir el número de registro de los inmuebles ofertados al actuar como simple intermediaria. El tribunal señala que Airbnb está exenta de esta requisito por la Directiva Europea sobre comercio electrónico 2000/31/CE, al ser considerada un "operador de intermediación que se limita a una prestación neutra, meramente técnica y automática de alojamiento de contenidos insertados por sus usuarios". La sentencia apunta que esta obligación solo puede afectar "a la empresa turística que la oferte, no a la titular del medio en el que publicita la oferta" en cuestión.

Responsabilidad

La sentencia del TSJB, que recuerda que las normas de la Comunidad Europea priman sobre las leyes de cada estado, considera además que la Ley de Turismo de Balears responsabiliza indebidamente a Airbnb. El tribunal entiende que exigir a los canales de oferta turística, como la empresa irlandesa, que se aseguren de que los anunciantes de las viviendas insertan el número de inscripción "implica trasladar al prestador de servicios unas competencias inspectoras" vetadas por la misma Directiva Europea y "cuyo ejercicio solo corresponde a la Administración".

El fallo, por tanto, estima el recurso de Airbnb y declara nula la sanción de 300.000 euros impuesta por la conselleria. La sentencia supone un revés a la pretensión del Govern de perseguir la oferta turística irregular a través de este tipo de plataformas, que concentran buena parte del alquiler turístico en Balears. Fuentes de la conselleria de Turismo apuntaron ayer que el Govern "respeta y acata" la decisión judicial, pero no la comparte, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos del Govern tienen 30 días desde la notificación del fallo para presentar sus alegaciones.

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