20 de mayo de 2020
20.05.2020
Diario de Mallorca

Entidades sociales y ecologistas protestan ante el Consolat: "Es hora de cambiar de dirección"

Las entidades piden medidas para una transición ecosocial y rechazan "las consecuencias nefastas" del Decreto-ley aprobado el pasado miércoles

20.05.2020 | 18:53

Representantes de entidades sociales y ecologistas han protestado este miércoles ante la sede del Govern, en el Consolat de Mar de Palma, contra el decreto ley de medidas urgentes de reactivación económica aprobado hace una semana, con el lema "Es hora de cambiar de dirección".

Manteniendo la distancia interpersonal obligatoria por la crisis sanitaria, los representantes de las entidades convocantes, autoras del manifiesto "La vida en el centro", han portado carteles explicando que la crisis de la COVID-19 ha supuesto "una parada en seco, evidenciando una crisis sistémica y multidimensional".

Ante la "fragilidad del sistema" en Baleares, que ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria, apuestan por "lo que deberían ser las verdaderas prioridades en esta sociedad".

"Queremos poner la vida en el centro, no bajo más cemento", señalan en un comunicado, en el que aseguran que la reactivación económica "no puede hacerse a costa del territorio y sin atender la vulnerabilidad de la realidad social y ecológica".

Las entidades piden medidas para una transición ecosocial y rechazan "las consecuencias nefastas" del Decreto-ley aprobado el pasado miércoles por el Consell de Govern, que "con la excusa de crear puestos de trabajo en sectores masculinizados y vinculados a la promoción del turismo masivo y la construcción, es la rendición de la izquierda balear al neoliberalismo económico que no piensa en las personas".

Afirman que el preámbulo del decreto es "un panfleto neoliberal que concibe que las empresas son el sujeto de derecho, y los poderes públicos sólo un obstáculo a la actividad empresarial".

"No hay ninguna referencia al interés general y el bien común, más allá asumir que el bienestar sólo se genera a través del crecimiento económico, y éste, en la iniciativa privada", denuncian.

Critican que ni cita los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni la emergencia climática y obvia "aportar soluciones centradas en abordar la crisis de cuidados que ha puesto en evidencia la crisis sanitaria, o por abordar la diversificación económica apoyando la agroecología o la economía social y solidaria".

Aseguran que el decreto desregula; apuesta por la construcción, el juego y los negocios de embarcaciones; da carta blanca a la industria turística, tramita grandes infraestructuras deprisa y con menos controles, confisca el Impuesto de Turismo Sostenible y da "barra libre" de actividades en suelo rústico.

Denuncian además que la forma en la que se ha preparado y hecho público el Decreto-Ley "representan una estocada a la participación y engaño a las entidades".

Aseguran que, una semana antes de la aprobación, diferentes entidades ecologistas acudieron a una reunión convocada por el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir y el vicepresidente y conseller de Transición energética, Juan Pedro Yllanes, que presentaron un plan autonómico de reactivación y transformación económica y social de Baleares "sin una sola de las medidas del decreto que estaban redactando y negociando con lobbies empresariales".

Seis días después, se aprobó el decreto que supone "un gran retroceso, con consecuencias muy negativas por el territorio, los recursos naturales y las garantías urbanísticas y ambientales, imprescindibles y luchadas por la ciudadanía durante años" y que la nueva norma presenta como "trabas" a eliminar.

Aseguran que las propuesta de las entidades "quedan en papel mojado ante la magnitud del impacto y enfoque del decreto-ley".

"Este es un decreto para beneficiar a hoteleros y constructores, pasando por encima de entidades ecologistas, agrarias, feministas, de la economía social y solidaria, o el tercer sector", afirman.

Consideran que aumentará la fractura social: "Para seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado a la fractura ecológica, una señal de la cobardía cortoplacista de quien no confía en que se pueda dar un golpe de timón y que las cosas se pueden hacer de otra manera",
Añaden que la norma autonómica aprovecha la crisis para rebajar controles a las actividades económicas, "para poder impulsar privilegios para determinados sectores económicos sin una garantía de trabajo digno, y abrir la puerta a continuar destruyendo el territorio y las posibilidades de cambio de modelo para el impulso de la transición ecosocial".

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