La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha defendido en el pleno del Parlament la decisión del Govern de acudir al despacho de José Maria Lafuente, abogado e histórico militante del PSIB, para actuar de intermediario con una empresa proveedora de China que vendió 6 millones de euros en material sanitario, repartido entre los hospitales de Mallorca. Castro ha argumentado que ante la necesidad de comprar este material se recurrió al asesoramiento de una abogada de origen chino, que trabajaba en el despacho de Lafuente, para aconsejar en la operación, a la que se abonaron dos minutas de unos 20.000 euros cada una. "Fue una decisión acertada", ha sostenido la conselera.
En concreto, según ha precisado, se realizaron dos pagos a la abogada china, uno de 20.722 euros y otro de 19.966, unas canditidades "muy inferiores a lo que fija el colegio de abogados", según ha afirmado
Castro ha efectuado estas afirmaciones en respuesta a la diputada popular Margalida Durán, que ha exigido el expediente del contrato al despacho de Lafuente y ha instado a la consellera de Salud, Patricia Gómez, a comparecer para dar explicaciones por este asunto.
La consellera de Administraciones Públicas ha insistido en que, tras el acuerdo del Govern de tramitar las contrataciones para lograr el material por vía de "emergencia", y dado que "los proveedores nacionales no podían dar respuestas", se adoptó esta decisión. Al respecto, Durán ha planteado si realmente el Govern "puede asegurar" que ninguno de los proveedores habituales hubiera podido proporcionar estos equipos. Además ha incidido en que una tramitación de emergencia no exime de cumplir con las condiciones de "publicidad y transparencia" que marca la Ley.
