Decenas de inquilinos de un complejo de viviendas de Son Serra Parera, en Palma, viven con angustia el final de la pandemiafinal de la pandemia. Será en esa 'nueva normalidad' cuando tengan que afrontar subidas del 50% en sus alquileres o fines de contrato sin posibilidad de prórroga. Sus condiciones contractuales van a endurecerse tanto que, dicen, el fondo buitre propietario de las viviendas está practicando de facto un "desalojo camuflado".
"Proponen renovar los contratos con subidas del 50%, y además hacernos cargo del cobro del IBI, la tasa de las basuras y la comunidad. Y todo eso en unas viviendas con serios desperfectos que se niegan a arreglar", explica Inés Almagro, una de las inquilinas afectadas.
El residencial suma unas 140 viviendas. Una decena pertenecen a particulares y el resto, de alquiler, son propiedad de Testa Residencial, fondo buitre participado por el gigantesco Blackstone y que controla miles de pisos de alquiler en toda España. Testa Residencial adquirió los inmuebles a Servihabitat hace cerca de tres años y desde entonces, dicen los vecinos, empezaron los problemas.
Las medidas del Gobierno para proteger los alquileres durante la pandemia -se prorrogan automáticamente los contratos durante seis meses en las mismas condiciones- ha dado un respiro a estos inquilinos, pero cuando este blindaje desaparezca afrontan renovaciones imposibles. "Mi contrato vencía en abril y me propusieron un aumento del alquiler del 50%. Pagaba 900 euros por un piso de cuatro habitaciones y me pedían 1.200 para empezar, porque la subida iba a ser progresiva hasta llegar a ese 50% el tercer año de contrato", explica Mercedes Arnaldo.
Esta vecina ha ganado tiempo porque Testa Residencial no puede subirle el alquiler mientras dure el estado de alarma. Pero su finalización la dejará al borde de una mudanza. "Me siento engañada. Me metieron prisa para firmar la renovación y me llegaron a decir que me iban a desahuciar si no firmaba ya, que éramos unas ilegales y que nos iban a echar", dice Arnaldo.
Estas subidas se sumarán a los varios cientos de euros al año que tendrán que afrontar por el pago de los impuestos municipales de los que hasta ahora estaban excluidos al ser inquilinos. "Además de la comunidad, que aquí sale a unos 180 euros al mes por vivienda porque hay piscinas y zonas ajardinadas. No sé quién va a poder vivir aquí con todas estas cargas", afirma José Peña, cuyo contrato vence en marzo.
Parte de las viviendas están vacías. El fondo buitre empezó a alquilarlas semanas antes de que estallara la crisis sanitaria por precios que oscilan entre 1.200 y 1.650 euros. Cantidades "muy alejadas" de las que pagaron ellos inicialmente. Los nuevos inquilinos disfrutan de baños y cocinas nuevas mientras que, denuncian los vecinos de siempre, a ellos se les niegan arreglos para solventar humedades y desperfectos que han aparecido con los años.
"Es un disparate porque quieren subirnos una barbaridad el alquiler pero se niegan a arreglar nada de los pisos. Nuestras viviendas no han sido reformadas nunca desde que vivimos aquí, y te niegan hasta el arreglo de una humedad en la pared", indica Almagro.
De hecho, hace unos días los vecinos, constituidos en una plataforma, enviaron un burofax a Testa Residencial a través de un abogado en el que reclaman al fondo buitre, entre otras cosas, reparar los desperfectos: "Se ha observado que las condiciones de las viviendas que se ofrecen a los nuevos arrendatarios son mucho mejores que las que disfrutan los antiguos, ya que los desperfectos que van apareciendo son cada día mayores y en ningún momento se han solucionado".
"Somos personas normales"
El escrito insta a la empresa a negociar las subidas del alquiler teniendo en cuenta la actual emergencia económica. "El aumento de renta que ustedes venían proponiendo, antes de la situación excepcional que vivimos, puede no tener ningún sentido, ni para ustedes, ni para nosotros, ante la trágica situación que se avecina", subraya.
Buena parte de los inquilinos están afectados por ERTE o han perdido ingresos por la pandemia. "Somos personas normales, trabajadores, autónomos... No podemos con estos alquileres abusivos", subraya María José Corpas. "A mí me subirán el alquiler a 1.400 euros y yo eso no lo gano ni en la nómina. Por no decir todos los problemas que nos va a generar tener que irnos después de tantos años. Queremos negociar con Testa, pero no tienen un teléfono, ni un correo electrónico, te ponen muy difícil comunicarte con ellos", destaca Corpas.
"Mi contrato vence el 3 de enero y lo veo muy complicado", cuenta Carlos Mon. "Tengo tres hijos y no podemos afrontar esa subida, ya estamos mirando otras opciones por si esto no se arregla. Pero sí, me veo en casa de mis padres de la noche a la mañana hasta que encuentre algo", lamenta Mon. Esa es también la salida más probable para otros inquilinos si el fondo no accede a negociar.
Testa Residencial
Testa Residencial, el fondo buitre propietario de la promoción de Son Serra Parera, ha declarado al Govern un total de 553 viviendas en Balears, todas ellas destinadas al alquiler u okupadas. Técnicos del Govern inspeccionaron una de sus promociones cercana al parc de sa Riera, en Palma, por si existían pisos vacíos que no habían sido declarados en el registro de grandes propietarios. El Govern abrió un expediente sancionador, pero lo archivó al comprobar que las viviendas estaban alquiladas o bien okupadas. Hasta ahora la empresa ha acreditado que no tiene pisos vacíos desde hace más de dos años.
