La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que en la agenda del Gobierno está "la fiscalización" que solicitaron los gobiernos de Baleares y Canarias para evitar precios abusivos de los vuelos. "En la agenda del Gobierno está la fiscalización que nos pidieron los gobiernos insulares respecto a que pudiéramos ver si efectivamente se respeta un seguimiento de los precios de los vuelos que están subvencionados por el Gobierno de España", dijo la portavoz en una rueda de prensa.

Se trataría, argumentó, de evitar situaciones abusivas (los residentes de los archipiélagos tienen subvencionado por el Estado el 75 % de los costes de los billetes aéreos a la península). Por ejemplo, el pasado 22 de abril el Govern balear denunció que los precios de los vuelos con la península se habían incrementado hasta un 40 % para los residentes mientras que solo han subido un 7 % para los no residentes. De esta forma el mayor coste, que el 75 % supone para el Estado, benefició a las compañías y no a los residentes. Montero recordó que todo lo relacionado con este control "quedó un poco postergado" por la pandemia, en donde ya no se está produciendo la misma circulación aérea, pero en la vuelta a la nueva normalidad.