Un juez de Palma está estudiando admitir a trámite una querella que se ha presentado contra el conocido empresario del ocio, Miquel Pascual, por supuestamente utilizar a la Policía Local de Palma para perjudicar a la competencia. También se amplia esta denuncia, entre otros, contra el oficial de la Policía Local, Gabriel Torres, quien está directamente implicado en la trama corrupta policial. El empresario Miquel Pascual está ya salpicado en la trama, ya que se le acusa de invitar a políticos, funcionarios y policías locales de Palma a mantener relaciones sexuales con las mujeres que trabajan en sus prostíbulos, a cambio de un claro trato de favor.
La querella la ha presentado el empresario Bruno da Silva, precisamente uno de los denunciantes de la trama que implica a policías locales de Palma. El denunciante emprendió en el año 2013 un negocio en la Playa de Palma. Era el bar Deutsch Park, que utilizaba un diseño parecido al que empleaba la familia Pascual en su local Bierkoning.
El abogado que ha redactado dicha querella, Alvaro Olmos, detalla que fue Pascual quien se percató de esta similitud y concertó un encuentro con Bruno da Silva para negociar un cambio del diseño, para evitar confusiones entre ambos locales. El acuerdo que se alcanzó es que, a cambio de 12.000 euros, el nuevo negocio aceptaba cambiar el diseño.
El nuevo negocio funcionaba muy bien. Según la querella, un familiar de Miguel Pascual presentó una oferta económica para hacerse con este bar. Ofreció 300.00 euros. Sin embargo, a Bruno da Silva esta cantidad le pareció insuficiente y pidió un millón de euros, aunque la familia Pascual no aceptó esta cifra. Ambas partes decidieron aplazar la negociación hasta pasado el verano de ese año.
Semanas después el negocio de Da Silva empezó a recibir visitas diarias y constantes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. Esta brigada estaba dirigida por el oficial Gabriel Torres. Todos los días se controlaba el nivel de sonido y se hacía a las horas que había más clientes. Estas constantes inspecciones lo que hicieron fue espantar a la clientela, llevando el negocio a la ruina, según la querella. Casi todas las mediciones concluían con una sanción por tener la música alta. El denunciante afirma que las mediciones eran falsas porque utilizaba un controlador del volumen.Da Silva interpreta que esta persecución de la Policía Local, como después descubriría, tenía por objetivo arruinar su negocio, porque estaba perjudicando al otro grupo de la competencia.
En la querella se menciona un encuentro que tuvo el Gabriel Torres con Da Silva. El policía local le hizo apagar la música y obligó a marcharse a la gente que había en el bar. El empresario le recriminó la orden, dado que desde su negocio se escuchaba la música de los otros bares, que estaba mucho más alta. El policía Torres, según la querella, le contestó que la competencia llevaba más tiempo trabajando en la isla que él.
Da Silva sostiene que este aluvión de multas y de inspecciones le obligaron a cerrar su negocio. Acusa a la familia Pascual de utilizar a la Policía Local a su antojo, ordenando que realizan estas redadas para arruinarle y quedarse con este local. Por los perjuicios que sufrió reclama a los denunciados que paguen una fianza de 900.000 euros.
