17 de mayo de 2020
17.05.2020
Diario de Mallorca
Tribuna

Covid-19: habrá tratamiento y vacuna, ¿pero podremos pagarlo?

Es el momento de tomar medidas para que la futura vacuna no se comercialice a precios abusivos

16.05.2020 | 23:37
Laboratorios de todo el mundo se han embarcado en una carrera para tener la vacuna.

No menos de 80 grupos de científicos de calidad validada por organismos internacionales están en una frenética carrera de investigación para obtener vacunas y tratamientos eficaces frente al coronavirus. Los gobiernos y las instituciones públicas, la Comisión Europea, la OMS, las universidades y fundaciones están aprobando ingentes cantidades de dinero para la financiación pública de la investigación. Además se suman las inversiones vinculadas a donaciones de benefactores. Y se multiplican las investigaciones dirigidas por las empresas farmacéuticas.

La legislación actual permite que los precios de los medicamentos nada tengan que ver con los costes de la investigación o de producción, sino por un sistema de ganancias sin parangón en otros sectores, y un modo opaco de fijar los precios, basado en un sistema de protección de la propiedad intelectual y de patentes. Los precios que pagan los servicios de salud en medicamentos, como por ejemplo la hepatitis C, el cáncer o enfermedades autoinmunes, no se justifican y multiplican a veces por varios dígitos los costes reales de desarrollo de estos medicamentos. ¿Qué ocurrirá con la eventual vacuna y tratamientos contra el coronavirus?, ¿Seguirán protegidos por la figura legal de la patente, que al menos durante 20 años otorga al laboratorio que descubre el medicamento un monopolio sobre el mismo?, ¿Con precios sin relación con lo que le ha costado producirlo e investigarlo, con beneficios abusivos para las gran industria farmacéutica?


Alternativas: aplicar recursos de la actual legislación y cambiar el modelo de investigación de los medicamentos

Es de esperar que la ingente cantidad de recursos que se están invirtiendo permitan que se llegue a conseguir un tratamiento efectivo, y una o varias vacunas. Pero en el momento actual ni los fármacos investigados para la COVID-19, ni las vacunas han demostrado eficacia contrastada mediante ensayos clínicos. Es el momento oportuno, porque ahora todavía estamos a tiempo de tomar medidas para conseguir que los productos desarrollados sean asequibles y no se comercialicen a precios abusivos. Que no pongan en riesgo los recursos de nuestro sistema público de salud para las actividades asistenciales y de prevención, ni las necesarias inversiones para mejorar su capacidad de respuesta a nuevas olas de la COVID-19.

Decenas de expertos, organizaciones sociales y plataformas de entidades ciudadanas y ONGs del estado español y a nivel internacional, están reclamando medidas para garantizar que cuando hayan demostrado efectividad, estén a disposición de los ciudadanos.

Si han recibido fondos públicos, los gobiernos deben poner las reglas de juego para saber cuánto se ha invertido y hallar así un precio razonable, de modo que los tratamientos puedan llegar a toda la población. Faltan garantías para que cuando los fármacos demuestren ser útiles contra la pandemia, tanto si son nuevos fármacos como si ya están autorizados para otras indicaciones, evitar que consigan patentes de exclusividad para las empresas farmacéuticas. Es urgente que el Gobierno de España y las agencias financiadoras públicas introduzcan condiciones y disposiciones en sus contratos de financiación que aseguren precios justos y el acceso completo a los datos fruto de las investigaciones. Que las licencias de las tecnologías sanitarias sean abiertas y no exclusivas para que puedan ser fabricadas y comercializadas por diversos proveedores. Para ello dichos tratamientos y/o vacunas deben tener la consideración de "bien de interés general" y plantear la aplicación del sistema de "licencias obligatorias", actualmente existente en el derecho internacional y en la legislación española. Ello permitirá la libre fabricación de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios a precios asequibles, tanto para los estados como para la industria.

Plataformas como "NO ES SANO", o la comisión promotora por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "Medicamentos a un Precio Justo" plantean que se modifique la actual Ley del Medicamento, con el fin de que los precios de los mismos sean los justificados y acordes con los costes de investigación y producción, adecuadamente auditados. Así mismo para que los precios de adquisición de los medicamentos y que los sistemas de negociación sean transparentes.

La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les illes Balears, formada por 14 organizaciones sanitarias, sociales y ONGs apoya la ILP Medicamentos por un precio justo. Ya ha recogido centenares de firmas y está a punto de reanudar la campaña con la iniciativa de sus fedatarias y fedatarios voluntarios. Dada la importancia política de esta regulación, la Plataforma también ha requerido a los partidos para que el Parlament de les Illes Balears apoye de forma explícita esta ILP.

En conclusión. Esperamos que pronto dispongamos de medicamentos y vacuna anti COVID-19 efectivos. Que se contemplen la producción de medicamentos, y la investigación que la sustenta, como una cuestión de derechos humanos, y no un negocio sin límites ni escrúpulos. El negocio o el precio de la vida.

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