En medio de este drama real, colectivo e inequívocamente doloroso que nos devora la vida, quién iba a decirnos que por una vez la insularidad jugaría a nuestro favor. Si aislarnos en Mallorca nos ha ayudado, qué hace ahora un Govern progresista alentando el ladrillo en la isla. ¿No prometió que venía a "cambiar el modelo productivo?"
El pesimismo en las entrañas del Consolat es comprensible, no así su receta de reactivación económica. Insertar en ella hasta sesenta veces el palabro "COVID-19" no puede servir de coartada para dar otra carta blanca urbanística.
Inteligentemente asesorado, Biel Company fue ocurrente: "Bienvenida a las políticas liberales del PP", clavó el dardo en la yugular de Armengol.
El preámbulo del decreto ley exhibe sus verdaderas intenciones. Por este orden: Incentivar la "construcción"; el "sector de las embarcaciones náuticas"; y "la mejora de los establecimientos turísticos". Cierto, el resto de páginas incluye medidas positivas y hasta valientes -la movilidad funcionarial y de los inspectores, las ayudas a los dependientes...- pero son solo atrezzo. Pragmática, la presidenta socialista necesita a la patronal -especialmente la hotelera- de su parte. Se encarga con éxito Iago Negueruela, el conseller que in extremis ordenó introducir en el BOIB los "70.000 parados", los "ERTE" o la "caída del PIB del 30% y 145.000 empleos", el crudo retrato de Balears que -ya ven- no aparecía en ninguno de los borradores del sumarísimo decreto del gobierno de izquierdas. Con todo, la sensibilidad obrera de Negueruela se queda en la literatura, pues consagra el grueso del articulado a los empresarios. En Mallorca, confiar la legalidad de cualquier proyecto de construcción a las bondades de una simple "declaración responsable" del promotor conlleva un riesgo tan atroz como la terrible situación que nos azota.
