16 de mayo de 2020
16.05.2020
Diario de Mallorca
Análisis

El Govern de los constructores

"Potenciar el sector de la construcción" es el brillante descubrimiento de la izquierda para salir de la bancarrota - Una comunidad en quiebra que afronta un déficit de 800 millones perdona las deudas del juego a la sombría patronal del azar

15.05.2020 | 23:15
"Depositar la confianza en el empresariado", en ningún caso en los trabajadores.

Convendría averiguar en cuántas ocasiones se han publicados dos Boletines Oficiales en un mismo viernes, uno de ellos a las seis de la tarde. El Govern presentó la Ley de Urbanismo Salvaje sin tenerla elaborada. El resultado a media cocción permite concluir que el PP cometió las barbaridades que había prometido realizar, en tanto que el Pacto comete las barbaridades que había prometido erradicar.

Las interpretaciones son innecesarias, porque "Potenciar el sector de la construcción" es el axioma de la Ley de Urbanismo Salvaje, el brillante hallazgo de la izquierda para parchear una comunidad en bancarrota. Es difícil calibrar si el paternalismo ramplón en la redacción supera a la ignorancia sobre la situación real de Balears. El cemento adicional favorecerá además la propagación de las próximas pandemias, proporcional en todos los casos a la concentración de la población.

Sin salirse del Govern, la caída de la recaudación se coloca al nivel de 2011, y un déficit de 800 millones es una estimación moderada. Esta comunidad al borde de la quiebra por el otro lado perdona las deudas del juego a la sombría patronal del azar, a la que Podemos había jurado combatir. El misericordioso Pacto se escuda en la necesidad de "evitar una carga tributaria absolutamente desligada de la capacidad económica del sujeto pasivo". En efecto, defienden a capa y espada a las tragaperras, sin aclarar por qué no "evitar la carga absolutamente desligada" de los trabajadores que ahora mismo abonan religiosamente su IRPF.

Es fácil imaginar que si se perdona el canon del juego, de la ecotasa no quedarán ni las cenizas, una evaporación también especificada en una Ley de Urbanismo Salvaje que desprecia a los habitantes de Balears con singular saña. El Govern se reserva para "depositar la confianza en el empresariado", en ningún caso se insinúa siquiera la posibilidad de "depositar la confianza en los ciudadanos".

Existe el riesgo de que el autoproclamado Govern de los constructores reclame el coraje de los apóstatas. Ni siquiera, porque la Ley de Urbanismo Salvaje es una aparatosa coreografía para ocultar la inanidad. La cobardía no reside únicamente en la traición de la izquierda a sus principios, sino en su decidida falta de ambición. No amplía el terreno de juego, del hotel a la fábrica de hormigón y de la fábrica de hormigón al hotel. Ni una sola idea, ni siquiera poco brillante.

Por ejemplo, cuando se lee que "la modernización prevista del establecimiento hotelero se podrá llevar a cabo aunque suponga un incremento relativo de la superficie construida del 15 por ciento". Este fragmento podría figurar perfectamente en la Ley de Urbanismo Salvaje del Pacto, aunque procede en realidad de la Ley General Franco de Turismo de José Ramón Bauzá. El farmacéutico del PP y su colega del PSOE han elegido incluso el mismo porcentaje de ampliación, para que nadie se llame a engaño sobre la equivalencia de los planteamientos.

Lo mismo sucede con "la ampliación de los establecimientos hoteleros quedará excepcionalmente excluida de los parámetros del planteamiento territorial, urbanístico y turístico". De nuevo, intercambiables Bauzá y Armengol, incluso se puede dejar en suspenso y en suspense a cuál de las dos leyes citadas pertenece ese artículo.

El daño económico y ecológico a Balears de la Ley de Urbanismo Salvaje se perfecciona con las lesiones psicológicas. Pueden resumirse en la categórica "supresión de trámites administrativos", que un antiguo llamaría "el cumplimiento de la ley". De hecho, avalar esta eliminación de obstáculos sin contemplaciones recuerda al Govern Matas de 2003 a 2007, que Armengol e Yllanes conocen a la perfección porque lo desmontaron desde el Parlament y desde la Audiencia. Hágase.

La obsesión por predicar la agilización, supresión y flexibilización de las licencias es una auténtica amenaza para los funcionarios que se limitan a cumplir escrupulosamente con su labor. No solo se les reprocha esa fidelidad a su compromiso, sino que se les incita libérrimamente a la prevaricación. Por supuesto, los autores de la Ley de Urbanismo Salvaje desaparecerán como por ensalmo si algún día aparece una figura punitiva. Por otra parte, en ningún punto del prolijo articulado se estipula que la eliminación de trabas corra en paralelo a un recorte funcionarial.

El Gobierno de Sánchez sometió, aunque sea decorativamente, la multiplicación de los ERTE a la conservación del empleo durante seis meses. En cambio, los hoteleros ampliados no se comprometen a mantener ni la propiedad del establecimiento ni los empleos. Al contrario, pueden sacar el hotel a la venta con el aliciente de una vulneración de los criterios urbanísticos vigentes hasta ayer mismo. Nadie acusará al Govern de haberse agazapado, porque PSOE, Més y Podemos recuerdan que actúan "siempre garantizando la rentabilidad económica de la iniciativa privada". De las rentas de los ciudadanos, ni palabra.

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