En Podemos existen importantes divisiones por el decreto ley de medidas extraordinarias del Govern que prioriza la ampliación y reconversión de hoteles para reactivar la crisis económica provocada por el coronavirus. La edil y portavoz morada en el ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, manifestó ayer que ahora "es el momento de políticas sociales fuertes y entendemos que en el municipio de Palma no deber ser aplicado este decreto".

"Me consta que los compañeros del Govern están haciendo un enorme esfuerzo tratando de arrastrar al PSOE a la izquierda, pero la crisis del Covid 19 no puede servir para favorecer a una élite de empresarios", asegura Vivas, que también es miembro del Consejo Ciudadano Nacional de Podemos. La concejal de Palma relata cual será su postura en el ayuntamiento: "Como unidas podemos en el ayuntamiento de Palma vamos a invitar a nuestros socios de gobierno para hacerles entender que ahora lo prioritario es la gente y las políticas sociales que eviten que las personas no se queden fuera del sistema de protección institucional".

La portavoz podemita en Cort y responsable municipal de Justicia Social, Feminismo y LBTBI es clara al rechazar el decreto ley: "Pensamos que así como hemos sido capaces de hacer entender a PSOE y Més en el ayuntamiento que era necesario ampliar y dotar los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia, aún con las reticencias que el resto de socios planteaban, haremos también entender que esa ley no debe ser aplicada en nuestro municipio".

Duras críticas de los Anticapitalistas

Anticapitalistas de les Illes Balears, entidad que hasta hace poco era muy cercana a Podemos, también lanza duras críticas al Govern. "Es escandaloso -relatan en un comunicado- que el actual gobierno supuestamente progresista de PSOE, Més y Podemos, justamente cuando la ciudadanía está confinada por la crisis sanitaria y, por tanto, en un marco de impunidad, saque un decreto 'a la carta' de los intereses de la patronal de la especulación turística. Llama la atención que, mientras entidades sociales como el GOB o Terraferida han mostrado su preocupación por las repercusiones sociales y medioambientales del nuevo decreto, éste sea saludado y aplaudido por la derecha reaccionaria del PP e incluso por la ultraderecha neofranquista de Vox"