14 de mayo de 2020
14.05.2020
Diario de Mallorca

El decreto ley también perdona el 75% de los impuestos a las salas de juego

El Govern, que tiene al sector en el punto de mira, quiere evitarle "una carga tributaria desligada de su capacidad"

14.05.2020 | 00:38
El decreto ley también perdona el 75% de los impuestos a las salas de juego

La hostelería o la construcción son los mimados por el nuevo decreto ley del Govern Armengol, pero no los únicos. La náutica o el sector del juego también tienen sus medidas para aligerarles la difícil situación económica derivada del coronavirus. Así, el Ejecutivo aprobó ayer perdonar el 75% del canon a las salas de juego y apuestas, así como los locales con máquinas tragaperras. El objetivo, reza el preámbulo del texto normativo, es "evitar una carga tributaria absolutamente desligada de su capacidad económica".

La medida en sí, vigente para el presente ejercicio fiscal 2020, se entendería comprensible habida cuenta de que el confinamiento también implica el cierre de los sitios de juego, con los correspondientes. No obstante, llama la atención por cuanto el propio Govern se ha mostrado en esta legislatura sumamente beligerante con el sector del juego. Desde su llegada al cargo, el vicepresidente Juan Pedro Yllanes ha liderado una cruzada contra los negocios de juego, en línea con su partido, Podemos. En enero anunció una moratoria de licencias de dos años, para evitar que las Balears se conviertan en "unas Las Vegas low cost", justificó. En la Comunidad anidan 148 salones de juego, cuatro bingos, tres casinos y un local específico de apuestas, informó Yllanes, resaltando que "más de la mitad de las empresas que instalan salones de juego y máquinas tragaperras son extranjeras", por lo que incidió en la necesidad de "reorganizar el juego" e introducir "medidas de racionalización". Con estos antecedentes, la bonificación fiscal del 75% que incluye ahora el decreto ley aprobado ayer e impulsada por el propio Yllanes no ha sentado bien a todos en Podemos.

Otro punto polémico del decreto ley estriba en el "procedimiento urbanístico extraordinario para la ordenación de sistemas generales de infraestructuras y servicios específicos, que estará vigente durante un período de dos años". Es un eufemismo para referirse a la regularización de las llamadas 'marinas secas', áreas que se destinan a la construcción, reparación, almacenamiento y mantenimiento de embarcaciones en suelo rústico. Se trata de una actividad ilegal, muy extendida en zonas de Mallorca como el Port d'Andratx.

Para legalizar su situación, "se podrá recurrir a la habilitación de zonas industriales en suelo urbano y urbanizable, o mediante la definición de sistemas generales en cualquier clase de suelo", recalca la nueva normativa del Govern, incluyendo las áreas rurales de interés paisajístico. Ante ello, el grupo ecologista GOB mostró ayer mismo su contundente oposición, lamentando también que se exonere a los parques fotovoltaicos de la correspondiente tramitación ambiental.

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