El Consell de Goven ha aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria un decreto ley con medidas para paliar la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 cuyas principales medidas son las siguientes:
· Los hoteles, negocios de restauración y establecimentos de ocio podrán ampliar en un 15 % su superficie construida siempre que no amplíen plazas o aforo y que ni incremente su altura.
· Podrán cambiar de uso hoteles obsoletos de la Playa de Palma y Calvià para transformarse, con el permiso del los ayuntamientos, en viviendas de protección oficial, centros sociosanitarios o dependencias para actividades científicas y de innovación.
· Se habilita una nueva prestación temporal de 290 euros mensuales para personas dependientes que se han quedado sin la asistencia que recibían en centros de día.
· La prohibición de productos de plástico de un solo uso a partir del 1 de enero del año próximo se aplaza tanto tiempo como se prolongue el estado de alarma.
· Quedan prohibida la concesión de licencias para el alquiler vacacional de viviendas unifamiliares en Palma hasta el 31 de diciembre de 2021.
· Se incentiva la movilidad de funcionarios para el refuerzo de servicios cuando sea necesario.
· La declaración responsable del promotor será suficiente para le inicio de una actividad y para obras de reforma, rehabilitación, acondicionamiento energético, etcétera.
· La prohibición general de obras en verano para evitar los ruidos molestos se suspende, aunque los ayuntamientos pueden mantenerla si lo consideran necesario.
· Reducción de trámites administrativos para la percepción de subvenciones, prestaciones y ayudas.
· Los proyectos de energías renovables podrán declararse estratégicos en cualquier punto de su tramitación para agilizar su ejecución.
· Se recortan trámites para el desarrollo de actuaciones en materia de transporte público.
· Simplificación de los trámites para el acceso a las ayudas públicas por parte de los arrendatarios de vivienda.
· Supresión del pago a cuenta del impuesto a los turistas y modificación del destino de los fondos no asignados para atender la crisis de la COVID-19.