La Comisión de Hacienda del Parlament ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para instar al Govern a que apruebe "por vía de urgencia" el anteproyecto de ley de Régimen Especial de Baleares para los incentivos fiscales que incorpora sean "un instrumento eficaz" para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
El texto de la PNL, presentada por MÉS per Mallorca, insta igualmente al Gobierno español a "priorizar" la aprobación de medidas normativas "necesarias y suficientes" para compensar los sobrecostes del transporte de mercancías por vía aérea y marítima que "aseguren una mejor conectividad" y que las economías extrapeninsulares "no se resientan".
La diputada ecosoberanista Joana Aina Campomar ha asegurado en la defensa de la PNL que ante esta situación "intolerable" el Gobierno central tiene "la obligación" de buscar fórmulas para hacer efectivo el REB y "no penalizar a los residentes de Baleares".
También ha indicado que es "urgente" que se tomen medidas que beneficien el transporte de mercancías y que aseguren más inversiones, bonificaciones fiscales y un aumento de la competitividad.
El Parlament insta asimismo al Ejecutivo central a pedir a la Comisión Europea que dedique "más atención y más recursos" a la regiones insulares con una "categoría propia" en las tipologías territoriales para que se reconozcan "específicamente" los costes de la insularidad.
La PNL solicita que la Comisión Europea elimine las restricciones de la 'regla de minimis' en Baleares para reactivar la economía de las Islas.
Empresas en paraísos fiscales
La Comisión de Hacienda ha aprobado igualmente una PNL presentada por MÉS per Mallorca, PSOE y Unidas Podemos que insta al Gobierno central a evitar que empresas con operaciones en paraísos fiscales y las sociedades que hayan hecho un cambio de domicilio ficticio no puedan recibir ayudas para paliar los efectos de la Covid-19.
La diputada socialista Maria Antònia Truyols, encargada de defender la PNL, ha incidido en la necesidad de que las empresas que utilizan de forma fraudulenta mecanismos para pagar menos impuestos y que, por tanto, acaban concurriendo en una situación de "competencia desleal", no puedan acceder a ayudas.
La diputada de Unidas Podemos, Antonia Martín, ha señalado que su formación no quiere que el Estado rescate a los evasores de impuestos y que "en ningún caso" se tiene que ayudar a empresas que "no han ayudado o no ayudan al sustento de los servicios públicos".
Por su parte, Campomar, de MÉS per Mallorca, ha defendido que las ayudas sean "efectivas, justas y solidarias" con las empresas responsables fiscalmente y que contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos.
