El Govern, para las familias y cuidadores no profesionales de personas dependientes porque no pueden acudir a los centros de día que se mantienen cerrados ante la crisis sanitaria de la COVID-19.
La ayuda económica será durante 4 meses, con ayudas entre 143 euros para personas con menor dependencia (grado 1; y 290 euros para aquellos con dependencia más elevada (grado 3), según el decreto ley de medidas extraordinarias por la pandemia que ha aprobado el Govern, ha detallado la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, en la rueda de prensa en el que lo han presentado.
La ayuda es de compensación de la atención en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales de personas dependientes a quienes se ha suspendido que puedan ir a centros de día porque los centros se han cerrado sin fecha de apertura prevista "para proteger a los mayores y discapacitados", ha dicho Santiago.
El decreto incluye otras dos medidas en el ámbito de la dependencia: se agiliza el plan individual de atención a la dependencia PIA para reducir plazos, de forma que bastará la firma del trabajador social una vez pactado con el beneficiario o familia; y se agilizan los procesos de la asignación de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.
Santiago ha explicado además que el decreto establece la flexibilización de la movilidad de funcionarios y empleados públicos de un departamento a otro para reforzar servicios que lo requieran, como un aprendizaje de lo ocurrido durante la pandemia
"Los dos meses de crisis del coronavirus han demostrado que podemos aspirar a una administración más flexible, como demuestra cómo se han tramitado los ERTE, la renta social extraordinaria y las operaciones de crédito de ISBA, con refuerzos de departamentos donde era necesario", ha dicho Santiago.
El decreto también facilita la contratación de trabajadores públicos, especialmente para dos servicios: ocupación y renta social garantizada.
Además, para estar preparados "ante un posible repunte", el Govern pide "a todos los funcionarios y empleados públicos" que cojan las vacaciones en julio y agosto.
Dado que el decreto ley establece la figura de la declaración responsable como base para agilizar todos los trámites administrativos, también se ha previsto que los inspectores de las administraciones públicas, independientemente del sector donde trabajen, podrán inspeccionar cualquier tipo de situación, para comprobar que una declaración responsable sea correcta.
Santiago ha defendido ese concepto de declaración responsable que introduce en Baleares este decreto porque permitirá "un modelo de administración más ágil" como se da en otros lugares de la Unión Europea.
"Es una medida con la que la administración dice 'me fío del ciudadano y después ya valoraré si lo que pide es cierto y lo que dice que hará se ha hecho'. Es una administración que confía en el ciudadano y desde su demanda se pone en marcha", ha alabado Santiago porque "facilitará las prestaciones sociales y económicas".
En materia de subvenciones, para que sean más ágiles hasta 31 de mayo de 2021, se reduce a menos de 15 días la tramitación y aprobación, se flexibilizan los plazos para la ejecución de proyectos subvencionables y también para justificar los gastos, lo que acelerará el pago de anticipos a los demandantes de subvención.
Santiago ha precisado que, "para las facturas inferiores a 3.000 euros no será necesario que los gastos sean milimetricamente justificados, será mediante una declaración formal del responsable de la entidad", algo que beneficiará a entidades culturales y deportivas y pymes.
Para las ayudas de vivienda, el decreto exime a arrendatarios de la exigencia de justificación de fianza para poder pedirlas, hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Govern agiliza además la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos, al suprimir el trámite de firma de convenios con los consells (que luego firmaban otro con ayuntamientos). Bastará una transferencia a los consells tras un acuerdo que fije la cuantía y aprobarla en el Consell de Govern.
Se agiliza la autorización y acreditación de servicios concertados.
En Salud se agiliza el procedimiento ágil para garantizar el suministro a hospitales y empleados público de material de protección ante el coronavirus.
Además se fomenta la producción de ese material de producción por dos vías: Salud puede dar el material primario a la empresa que quiera fabricarlo o un adelanto económico para que las empresas puedan comprarlo.
El decreto acelera la compra rápida de medicamentos genéricos para los hospitales.
