La conselleria de Función Pública del Govern abrió ayer una guerra sin precedentes con los sindicatos que representan a funcionarios y trabajadores públicos. Todos los representantes sindicales, de forma unánime, rechazaron sus planes de vuelta al trabajo en las administraciones públicas. El Govern ordenó, a partir de hoy lunes, la incorporación gradual al trabajo de forma presencial de unos 7.000 funcionarios sin garantizarles turnos, medidas especiales y rechazando la posibilidad de seguir teletrabajando, según explicaron representantes sindicales. Los sindicatos propusieron el pasado mes de abril una incorporación escalonada a partir del día 18 de mayo, como se producirá en la mayoría de comunidades autónomas. Sin embargo, estas peticiones no fueron atendidas por Función Pública y decretaron el regreso a la administración a partir de hoy.
Ayer, en pleno domingo, se celebró una Mesa Sectorial vía telemática en la que participaron la administración y todos los representantes sindicales. Los sindicatos rechazaron de forma unánime la propuesta del Govern y la directora general de Función Pública, Irene Truyols, no aceptó las peticiones de aplazamiento a la incorporación de los representantes de los trabajadores. Además, habrá turnos de trabajo de mañana y tarde y todo queda a expensas del conseller o del secretario general de cada conselleria la decisión de qué funcionarios se incorporan ya el lunes, los que trabajan por la tarde y cuales lo hacen por la mañana.
Por si fuera poco, el Govern también pretende modificar el periodo de vacaciones, establecido para los empleados públicos de junio a septiembre. El Govern quiere que puedan aplazarse vacaciones más allá de estos meses para poder contar con personal durante el verano y así impulsar la recuperación económica tras el coronavirus.
Desde la conselleria de Función Pública aseguraron que el objetivo es la incorporación de manera progresiva, no todos a partir de hoy lunes. También explicaron que hay muchos puestos en el Ejecutivo donde no se puede hacer teletrabajo, como piden los sindicatos. Asimismo, recordaron que hoy lunes mucha gente vuelve a la actividad y la administración no debe ser menos.
Jordi Crehuet, representante de UGT en el Govern, mostró su indignación: "En la mayoría de comunidades autónomas se ha llegado a un acuerdo y la incorporación será a partir de del día 18. Nosotros le presentamos varias propuestas el mes de abril y ninguna de ellas ha sido aceptada. Entre ellas propusimos que se tuviera en cuenta el personal vulnerable, los mayores de 65 años o las personas que necesitan conciliar y realizar teletrabajo. No ha habido ningún proceso de negociación serio y el Govern aplicará la medida con todos los sindicatos en contra".
Por su parte, Pere Bueno, representante del STEI añadía que "este protocolo que quiere aplicar el Govern pueden poner en peligro la salud de los funcionarios y trabajadores públicos, así como de los usuarios que acudan a las administraciones. Existe un verdadero estado de pánico a la incorporación por parte de los funcionarios y creemos que el Govern no ha querido llegar a un acuerdo con los representantes sociales como han hecho en otras comunidades".
Algunos representantes sindicales coincidieron que con el anterior director general de Función Pública, Pedro Jiménez, "esto no habría pasado". De igual modo, no recordaban un voto unánime en contra de los sindicatos del Govern desde los tiempos de José Ramón Bauzá.
Desde USO calificaron la negociación de "decepción profunda, frustración absoluta , impotencia y perplejidad ante la cerrazón de Función Pública". Asimismo, desde CCOO obreras criticaban la falta de diálogo y los incumplimientos del Govern con los funcionarios. El sindicatos de interinos SINTTA denunciaba que esta situación provocará una avalancha de "discriminaciones" y será imposible la conciliación.
Enfrentamiento
El Govern cuenta con la potestad de hacer volver al trabajo de forma presencial a los empleados públicos sin necesidad de contar con el beneplácito de los funcionarios. No obstante, es una decisión polémica, ya que habitualmente se busca un consenso con los representantes de los trabajadores antes de tomar una decisión de este calado. La guerra viene de lejos, desde que la misma directora general de Función, Irene Truyols, ya amenazó con expedientes disciplinarios a los empleados públicos que no quisieran acudir a los edificios de conselleries donde se hubiera registrado algún caso positivo.
