El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, al que pertenece el Colegio de Balears, manifestó ayer al Ministerio de Sanidad su "preocupación" ante la proximidad de la época estival y la necesidad de tomar una decisión basada en "criterios exclusivamente científicos" sobre la eventual apertura de las piscinas en comunidades de propietarios y urbanizaciones. En una carta, explican la necesidad de que se establezca una normativa de aplicación estatal, aunque la competencia en esta materia es de las comunidades autónomas, sobre este tema con el objetivo de evitar así movimientos de población hacia zonas donde está más avanzada la desecalada. Así, solicitan que se establezcan las condiciones y protocolos que deben cumplir estas instalaciones para el supuesto de que se autorice su apertura.

"Es necesario que esta regulación sea la misma en todo el país para lograr una deseable homogeneidad en las condiciones en las que se produce la desescalada y concretamente en referencia al acceso a las piscinas", señala el presidente del Consejo, Salvador Díez, que advierte de que "si esto no fuera así, se producirían movimientos de población hacia los lugares de regulación menos restrictiva para un mayor disfrute de este servicio, lo que supondría un agravamiento del riesgo en dichas zonas".

Entre las propuestas, se encuentran medidas para garantizar el distanciamiento social entre personas, como la reducción del aforo de las instalaciones. No obstante, aseguran que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de un control de acceso, y en aquellos casos en los que se cuente con un socorrista, no forma parte de su labor profesional controlar quién y cómo accede a la piscina. En consecuencia, indican que es necesario conocer que el cumplimiento de las condiciones obligatorias que se establezcan será responsabilidad únicamente de cada ciudadano. Sobre el uso de otras instalaciones que puedan ser un foco de contagios, piden valorar su apertura.