La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) manifestó ayer su "profunda decepción" con el decreto de medidas en la administración de justicia por la COVID-19 y tildó de "brindis al sol" cualquier reanudación de la actividad judicial sin refuerzo de personal.

Tras la publicación en el BOE del decreto, la junta de gobierno del ICAIB menifestó en un comunicado que, aun cuando alguna medida pueda resultar positiva, "lo cierto es que sin el incremento del número de jueces y magistrados y sin el refuerzo de todo el personal al servicio de la administración de justicia, cualquier plan de reactivación y agilización judicial no es sino un mero brindis al sol".

La entidad advirtió de que dicha reactivacion será "imposible de ejecutar si no va acompañada de una decidida inversión en medios materiales y humanos que, ahora, es más necesaria que nunca". Señaló que, salvo alguna medida puntual como la posible puesta en marcha de algunos de los órganos judiciales que ya estaban previstos, "no hay apenas en todo el real decreto referencia alguna al urgente incremento en la plantilla del personal de la administración de justicia".

El Colegio de Abogados reiteró además su rechazo a la habilitación parcial del mes de agosto por "ineficaz y contraproducente" cuando en dicho mes se multiplican las dificultades de citación y las posibilidades de incomparecencia de alguna de las partes, de los testigos o de quienes, de una u otra forma, se ven afectados en un proceso. También advirtió de que el reparto de las vacaciones de jueces, magistrados y demás personal de justicia se extendería durante varios meses, "de forma que, en vez de un mes inhábil, habrá al menos tres en los que la actividad judicial no estará al pleno y superior rendimiento que la actual situación exige". A juicio de la junta, habilitar agosto supone también un desprecio al derecho al descanso y a la conciliación de buena parte de los operadores jurídicos y colaboradores de la justicia como peritos y equipos psico-sociales, así como de los ciudadanos afectados en un procedimiento. Cuestiona además su "dudosa legalidad", porque supone la modificación, por la vía del real decreto ley, de una ley orgánica. La junta de gobierno del ICAIB criticó también la "redacción confusa, ambigua y manifiestamente mejorable" del decreto.