Una investigación de la Audiencia Nacional apunta a que el magnate mallorquín Bartolomé Cursach contrató los servicios del comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado desde 2017 por una macrocausa en la que se mezclan corrupción, espionajes, chantajes y delitos económicos en las más altas esferas del poder político y financiero de España. Entre la documentación intervenida a Villarejo, según adelantó ayer el diario ABC, figura un proyecto y varios informes del año 2005 por los que Cursach habría abonado 510.000 euros al policía. También apareció documentación sobre las actividades supuestamente ilegales de Cursach, que Villarejo habría recopilado.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa contra el comisario, detalla en un auto los vínculos hallados entre Cursach y Villarejo. La Unidad de Asuntos Internos, que analizó todo el material informático intervenido al policía tras su detención a finales de 2017, halló una carpeta llamada SP (Swimming Pool) -piscina, en inglés- en la que había documentos con información sobre un proyecto desarrollado en 2005 para Cursach. Apareció incluso un estudio económico del trabajo, fechado el 18 de marzo de aquel año, por un importe total de 510.000 euros. También se encontraron varios informes, como un "proyecto de análisis e inteligencia" en el que Villarejo daría cuenta de los detalles de sus pesquisas y los avances en el trabajo encargado por Cursach. El comisario tenía también un documento, titulado 'Biografía', con extractos de un informe confidencial sobre actividades supuestamente ilegales de Cursach.
Los detalles del proyecto que Villarejo habría elaborado para Cursach no han trascendido. En aquellas fechas, principios de 2005, el magnate mallorquín tenía un frente abierto a cuenta de la construcción de una enorme piscina de 1.500 metros cuadrados en su parque acuático de Magaluf, el Western Park. Cursach había iniciado las obras tras solicitar una licencia de obra menor para cambiar el césped. El entonces alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), clausuró la instalación cuando ya habían acabado las obras. El Ayuntamiento acabó legalizando la piscina un año después.
La investigación de la Audiencia Nacional abre un nuevo frente a Bartolomé Cursach, que está a la espera de juicio junto a otras 23 personas por la pieza principal de las pesquisas sobre sus actividades. La fiscalía pide ocho años de cárcel para Cursach, acusado de pagar con dinero, regalos, sexo y drogas a funcionarios y policías de Palma, Calvià y del PalmaGovern a cambio de favores.
