Més per Mallorca defenderá en el Parlament que se inste al Gobierno a que las empresas que operan en paraísos fiscales o tienen algún tipo de vínculo con sociedades en estos países no puedan optar a ayudas destinadas a paliar efectos del coronavirus (COVID-19), ni a préstamos y avales públicos.

Según informó la diputada de Més en el Parlament Joana Aina Campomar este domingo en una nota de prensa, "lo que la formación pretende es acabar con los privilegios de determinadas empresas que han encontrado en los paraísos fiscales su Caja B." Todo esto, matizó, "mientras la mayoría de personas y empresas, a pesar de dificultades y crisis, pagan responsablemente sus impuestos y contribuyen al bienestar común".

En esta línea, la diputada ecosobiranista, explicó que la propuesta no solo pide dejar estas empresas sin ayudas, sino, que tampoco puedan acceder a préstamos y avales públicos. La intención es, insistió, que "las ayudas sean efectivas, justas y solidarias con las empresas responsables fiscalmente y que contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos."

Asimismo, Campomar recordó que la Unió Europea elabora una lista de paraísos fiscales que los Estados utilizan de referencia pero no está coordinada con las listas propias que usa cada país. Por eso, la iniciativa parlamentaria también pide una revisión y actualización de la misma.

Por su parte, el portavoz de la formación en el Parlament, Miquel Ensenyat, hizo hincapié en que la iniciativa va en la línea otros países europeos como por ejemplo Dinamarca, Polonia y Francia, que sí han limitado las ayudas a estas empresas. "No podemos permitir que accedan a fondo públicos. No solo se aprovechan de ventajas fiscales, también la conveniencia de la opacidad y falta de transparencia", señaló al respecto.

Asimismo, concluyó, "muchas multinacionales españolas mediante estas prácticas, a pesar de tener un volumen de negocios en el Estado español de centenares de millones de euros tributan muy por debajo del 6% al impuesto sobre sociedades. Es decir, no contribuyen al bienestar común ni al mantenimiento de los servicios públicos."