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Justicia trasladará personal, fijará turnos de trabajo y habilitará agosto

El Gobierno quiere aprobar la próxima semana un decreto para empezar a reanudar la actividad en los juzgados, donde teme un colapso

El ministerio quiere que los juzgados empiecen a reanudar la actividad. b. ramon

Bajo la patriótica arenga "la situación es grave, este país os necesita", el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pretende convencer a sus funcionarios de que arrimen el hombro ante el previsible colapso que se avecina. Justicia habilitará el mes de agosto -sin apenas actividad en los tribunales en circunstancias normales-, establecerá turnos de mañana y tarde para los funcionarios y podrá desplazarlos de juzgado para hacer frente a la avalancha de casos prevista en cuanto se vuelva a la actividad. Unas medidas que empezarían a aplicarse la semana que viene tras aprobarlas en un Real Decreto y estarían vigentes durante el estado de alarma y los tres meses siguientes. Los representantes de los trabajadores han mostrado su rechazo frontal a las medidas y han insistido en reclamar una vuelta escalonada a la actividad, medidas de protección para los trabajadores y la realización de pruebas masivas para detectar casos de coronavirus.

El ministro se reunió el jueves con representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, UGT, STAJ, ELA y CIF para anunciar su propuesta de medidas excepcionales, con las que pretende afrontar la "especial afluencia de asuntos por efecto del confinamiento". Según informó el ministerio de Justicia, la intención del Gobierno es habilitar al menos algunas semanas de agosto, mes en el que la inmensa mayoría del personal se va de vacaciones al ser inhábil y la actividad es mínima en los juzgados, limitada a los asuntos de máxima urgencia. Esta medida no solo afectaría a los funcionarios, sino también a otros operadores jurídicos como los abogados o los procuradores, un colectivo que reduce su actividad a la mínima expresión durante ese mes.

Desdoblar la plantilla

La propuesta del ministerio de Justicia incluye también desdoblar a la plantilla en turnos. Campo plantea que la mitad de los funcionarios trabajen por la mañana y la otra por la tarde para facilitar así que se mantengan las distancias de seguridad fijadas para evitar contagios y evitar la propagación del virus. La adscripción a los turnos sería "voluntaria y negociada", según el planteamiento del ministro.

Uno de los temores del Gobierno es que algunos juzgados padezcan problemas de personal y no se cubran todas las plazas por la necesidad de mantener las distancias, la incidencia de la enfermedad o la pertenencia de los funcionarios a los diferentes grupos de riesgo. Por ello, quiere poder trasladar de juzgado a los trabajadores en función de las necesidades. Una movilidad que se llevaría a cabo siempre en el mismo orden jurisdiccional y en la misma localidad en la que los funcionarios tienen su destino.

El ministerio de Justicia señaló durante la reunión con los representantes de los sindicatos que su departamento está diseñando, junto a las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía y los graduados sociales, una hoja de ruta consensuada sobre las medidas urgentes y extraordinarias de calendario, movilidad y jornada. "La situación es grave, este país os necesita", sentenció el ministro durante su encuentro con los sindicatos, a quienes aseguró que la salud de todos los funcionarios y quienes trabajan en los juzgados y tribunales "es la principal prioridad".

Y es precisamente en la protección sanitaria donde los sindicatos van a librar la principal batalla. Tras su encuentro con el ministro, CSIF exigió "garantías reales y efectivas" para proteger a los empleados públicos. Este sindicato tendió su mano al ministerio para que la reincorporación al trabajo se haga "con las máximas garantías". Considera imprescindible la realización de test "fiables" para todo el personal que se incorpore a su puesto y un suministro "estable" de mascarillas, guantes, geles y mamparas.

Para el CSIF, el ministerio pretende forzar el consentimiento de los sindicatos a estas medidas, imponiéndolas "a toda prisa", con el estado de alarma todavía en vigor y "sin presentar un plan para garantizar la protección eficaz de la salud de los trabajadores". En el mismo sentido, CCOO criticó que el ministerio proponga un "apoyo incondicional y sin negociación" a estas medidas, que se ofreció a negociar "siempre que se priorice y garantice la salud de los trabajadores". Sobre las propuestas, tanto CSIF como CCOO plantearon que la jornada de tarde y la movilidad sean siempre voluntarias, así como se sigan llevando a cabo solo actuaciones esenciales.

Personal, tecnología y juicios los sábados

El Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo de los 83 Colegios de Abogados de España, apuesta por hacer un uso más intensivo de todos los medios tecnológicos posibles para facilitar las relaciones entre la Justicia y las Administraciones Públicas, ampliar el horario de juicios y señalamientos pendientes a las tardes y a los sábados por la mañana y aumentar el número de funcionarios para evitar el colapso.

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